STF NA MÍDIA

JUSTIÇA NO EXTERIOR •
CLARÍN (AR) • OPINIÓN • 16/9/2011
Retroceso en la Justicia penal para jóvenes
EXPERTO EN DERECHO PENAL JUVENIL, PRESIDENTE DE LA FUNDACION SUR
ARGENTINA
Por
Emilio García Méndez
Luego del informe publicado
el año pasado sobre Seguridad
Ciudadana y Derechos
Humanos, la Comisión Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH) acaba de
publicar un informe oficial
titulado “Justicia Juvenil y
Derechos Humanos en las
Américas”. Como difícilmente
podría ser de otra forma
(conviene recordar que –
objetivamente- la Argentina
es el país más atrasado y
brutal en la materia ya que
es el único, que en forma
inédita en América latina,
ha condenado a 12 menores
de edad a reclusión perpetua
y el único que no posee
una ley de responsabilidad
penal juvenil ), la Argentina
ocupa un triste lugar de
destaque.
Varias son las menciones
explícitas al tema de las perpetuas
a menores de edad a
lo largo de dicho informe que
justifican la desgraciada
notoriedad a la que aquí se
hace mención.
Sin embargo, existe otro tema
tan preocupante como el
anterior que no sólo tiene
como protagonista a la Argentina
sino más precisamente
a la supuesta ala progresista
del Poder Judicial.
En la propia introducción del
informe de la CIDH, puede
leerse textualmente: “Otra
preocupación de la Comisión
es que en algunos casos los
niños, niñas y adolescentes
por debajo de la edad mínima
para infringir las leyes penales
son privados de su libertad
en el marco de procesos
de ‘protección’, dando lugar
a un tratamiento punitivo
de esas situaciones sin que
exista, en muchas ocasiones,
un estricto cumplimiento
de las garantías del
debido proceso ”.
Esta preocupación, que se
repite reiteradamente durante
el informe, menciona explícitamente
a la Argentina y se
refiere muy especialmente a
un lamentable fallo de la
Corte Suprema argentina
del 2.12.2008 (Fallo CSJN
331:2691 García Méndez-
Musa, L.), que, legitimando
el decreto de la dictadura
militar 22.278 de 1980 (Régimen
Penal de la Minoridad
vigente), permite el uso de
la privación de libertad en
cárceles de menores justamente
para aquellos que el
propio decreto de la dictadura
designa no sólo como
inimputables sino también
como no punibles . Este
fallo, cuyo autor ha dado
lugar a la llamada “Doctrina
Zaffaroni” en la materia,
confirma una peligrosísima
tendencia que aflora en la
región pero cuyo epicentro
ideológico y geográfico es
sin duda la Argentina.
En términos generales asistimos
en esta materia a un
proceso de involución autoritaria
desde fines de la década
de los 90. Un proceso
que desde sus orígenes hasta
mediados de la década pasada
se manifiesta en su forma
clásica a través de un doble
slogan: aumento de las penas
y baja de edad de la
imputabilidad . Sin embargo,
desde hace ya varios
años, y el fallo Zaffaroni es
la representación viviente
de este cambio , asistimos a
la tendencia más insidiosa
aún de utilizar la privación
de libertad no como respuesta
seria y legítima del Estado
a los delitos graves que cometen
los menores de edad,
sino como forma de “política
social reforzada” para
enfrentar el gran problema
social del siglo XXI: los
adolescentes pobres de las
periferias urbanas .
El informe no sólo es claro
sino que además es contundente
y nos recuerda de alguna
forma aquel viejo refrán
español que dice: “Líbrame,
Señor, de las aguas mansas
que de las otras me libro yo
solo”.
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