STF NA MÍDIA

Víctimas de sacerdotes pederastas piden justicia
JUSTIÇA NO EXTERIOR •
EL PAIS (ES) • SOCIEDAD • 20/9/2011
Miembros de la Red de Supervivientes
de las Víctimas
de Abusos y del Centro para
los Derechos Constitucionales
de EE UU, que el pasado
día 15 demandaron por crímenes
contra la humanidad
al Papa ante la Corte Penal
Internacional (La Haya) por
agresiones sexuales a menores
en el seno de la Iglesia
católica, protestaron ayer en
la catedral de la Almudena
en Madrid. Pidieron a la Archidiócesis
local que entregue
"los documentos pertinentes
de este tipo de delitos".
"Sabemos de unos 20
casos en España", manifestó
Vincent Warren, director
ejecutivo de la organización
de derechos constitucionales.
Con Madrid ya son 11 las
ciudades europeas que han
recorrido; hoy concluyen su
periplo en el Vaticano.
JUSTIÇA NO EXTERIOR •
EL PERUANO (SP) • POLÍTICA • 20/9/2011
“Dilación abre las puertas a la impunidad”
El titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez, instó a no
demorar más la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, porque
ello beneficiaría a quienes esperan de que prescriban sus delitos.
Consideró que dilatar este
asunto permitiría que se incremente
el número de 150
procesados por corrupción
que se acogieron a la prescripción
en la última década.
Lamentó, en ese sentido, que
un elevado número de personas
haya obtenido ese beneficio
por dilaciones en el
proceso, por haberse escondido
de la justicia o por diversas
maniobras.
El también titular del Consejo
Nacional de la Magistratura
sostuvo que quienes se
acogieron a la prescripción
entre 2001 y 2011 no pagaron
su culpa por actos de
corrupción cometidos, principalmente,
en la década de
1990.
"Soy partícipe de que la experiencia
de la década de
1990 debe ser saldada. Quienes
incumplieron las normas
y aplicaron un régimen innoblemente
corrupto deben
pagar lo que los códigos
mandan, ellos sabían en qué
se metían y sabían que incumplían
normas", sostuvo.
Por ello confió en que la
Comisión de Constitución y,
posteriormente, el pleno del
Congreso aprueben la reforma
del artículo 41º de la Carta
Magna, para declarar la
imprescriptibilidad de los
delitos e inhabilitar a los funcionarios
que mal utilizaron
recursos del Estado.
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