STF NA MÍDIA

modelo lingüístico catalán no
es patrimonio de los partidos
nacionalistas. Entre las fuerzas
de ámbito estatal, también
las hay que están a favor
de mantenerlo sin dejar de
atender por ello la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia.
Su posición está quedando
desdibujada por la
sobreactuación de los nacionalistas,
que consideran cualquier
corrección del sistema
como una agresión intolerable,
y por la de los populares
y UPyD, para quienes la
sentencia exige poco menos
que desmantelar la política
seguida desde 1983. Ni una
cosa ni otra son ciertas, por
más que constituyan un fiel
reflejo del derrotero por el
que se están tratando de conducir
las relaciones institucionales
y políticas entre
Cataluña y el resto de
España.
Las declaraciones del presidente
de la Generalitat, Artur
Mas, en el sentido de que la
sentencia del Estatuto y la
reciente reforma constitucional
han puesto fin al consenso
de la transición no son
solo una exageración; son,
además, un innecesario desprecio
hacia muchos ciudadanos
que, sin ser catalanes,
consideraron un gravísimo
error la totalidad del procedimiento
seguido en la elaboración
del Estatuto, incluida
la sentencia, y que ahora
mantienen esa misma opinión
con respecto a la reforma
constitucional. La frivolidad
con la que se están manoseando
en los últimos tiempos
instituciones fundamentales
de la convivencia política no
se dirige contra Cataluña,
como da a entender el presidente
Mas, sino contra todos
los ciudadanos que, en
Cataluña o fuera de ella, desean
el respeto escrupuloso
de las reglas del juego democrático.
Porque así le conviene
a su programa, Mas solo
aspira a convertirse en portavoz
de una parte de ellos
contra el resto.
JUSTIÇA NO EXTERIOR •
EL PERUANO (SP) • POLÍTICA • 15/9/2011
Formulan propuesta para que corrupción no prescriba
Presidente de la Corte Suprema sustentó fundamentos de la iniciativa
La iniciativa legislativa que
propone elevar a rango de ley
la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción no implicará
ninguna mella a la potestad y
facultades que tienen las instituciones
del Estado incorporadas
en dicho grupo.
Así lo aclaró ayer el presidente
de la Corte Suprema,
César San Martín Castro,
quien añadió que la referida
comisión respalda en forma
unánime la no prescripción
de los delitos de corrupción
que cometan los funcionarios
y servidores públicos en a-
gravio del Estado.
San Martín formuló estas
declaraciones tras sustentar
ante la Comisión de Fiscalización
del Parlamento los
fundamentos del referido
proyecto de ley, que fuera
aprobado por la Sala Plena
de la Corte Suprema de
Justicia.
Explicó que la propuesta
perfila con claridad los lineamientos
de la lucha contra
la corrupción en la que están
involucrados todos los órganos
del Estado, y también los
organismos intermedios de la
sociedad civil.
En ese sentido, ratificó que
no se restará facultades a
ningún órgano, poder del
Estado o ministerio que integra
la comisión en la medida
en que éste es un grupo interinstitucional
que se aboca a
configurar políticas públicas.
De acuerdo con ello, advirtió
que las acciones de control le
corresponden a la Contraloría
General de la República.
Más adelante, precisó que el
acuerdo unánime de la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción
es la no prescripción
de los delitos de corrupción
en perjuicio del Estado.
Sin embargo, dijo que tiene
que fijarse criterios y definir
cuáles son aquellos casos de
corrupción sobre los cuales
se debe aplicar la imprescriptibilidad.
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