STF NA MÍDIA

Abgeordneter und ehemaliger
Minister, brachte die
Landesregierung mit seinen
Fragen in Bedrängnis: Wie
könne die Landesregierung
das Kündigungsgesetz mit
möglichen Kostensteigerungen
begründen und damit
einen Wegfall der
Geschäftsgrundlage konstatieren,
wenn die Projektbeteiligten
doch geregelt hätten,
was im Fall von zusätzlichen
Kosten passieren solle? Wie
könne das Volk per Volksabstimmung
der Landesregierung
den Auftrag geben,
„Kündigungsrechte auszuüben,
wenn es diese im Vertrag
nicht gebe? In der Begründung
des überarbeiteten
Gesetzentwurfs ist die Antwort
hierauf sybillinisch
formuliert: „Die Landesregierung
soll nur verpflichtet
werden, tatsächlich bestehende
Kündigungsrechte
auszuüben.“
Ministerpräsident Kretschmann
überließ es seinem
Justizminister, den Gesetzentwurf
zu verteidigen. Die
Wirkung des am Wochenbeginn
gesprochenen Machtworts
blieb nicht aus: Die
SPD sagte ein neues Treffen
mit der CDU zur Vorbereitung
des Volksabstimmungswahlkampfs
ab. Das
Bündnis müsse breiter werden,
sagte der SPD-
Landesvorsitzende Nils S-
chmid. Und noch einer zeigte
sich am Freitag lernfähig:
Winfried Hermann, der grüne
Verkehrsminister. Wenn die
Volksabstimmung eine Mehrheit
für „Stuttgart 21“ ergebe,
dann werde er Minister
bleiben. Beim Start der grünroten
Regierung im Mai wollte
er seine Zuständigkeit in
diesem Fall noch abgeben.
JUSTIÇA NO EXTERIOR •
LA NACION (AR) • POLÍTICA • 16/9/2011 • 10:33:00
Desde Chile, habló Otilio Romano y se declaró "perseguido político"
El juez argentino Otilio Romano,
procesado en su país y
que ha solicitado asilo político
en Chile, aseguró que es
un "perseguido político" y
rechazó las acusaciones que
pesan en su contra.
"Soy un perseguido político
en mi país y no sé de qué
carajo se me acusa", dijo el
juez en declaraciones al diario
El Mercurio.
Otilio Romano viajó a Chile
el pasado 24 de agosto después
de que fuera citado para
responder por su presunta
participación en más de un
centenar de delitos durante la
última dictadura militar argentina
(1976-1983), cuando
fue fiscal de la provincia de
Mendoza (oeste), vecina a
Chile.
"No se qué carajos de delitos
son esos", insistió el juez,
que fue contactado telefónicamente
por el rotativo chileno.
El magistrado argentino presentó
el pasado 2 de septiembre
una solicitud de asilo
político, lo que le permite
recibir una visa temporal de
ocho meses hasta que se resuelva
su petición.
Otilio Romano declinó realizar
más declaraciones sobre
su caso para "respetar el
principio de confidencialidad",
aunque precisó: "Las
leyes funcionan y tengo la
esperanza de que se comprobará
mi total inocencia de lo
que se me acusa".
Según El Mercurio, el juez
reside en el acomodado barrio
de Las Condes, en el oriente
de la capital chilena,
mientras se desarrolla la investigación
de la Comisión
de Reconocimiento de la
Condición de Refugiado,
organismo que debe decidir
si le otorga asilo político.
El lunes pasado, el Consejo
de la Magistratura argentina,
organismo encargado de la
designación y remoción de
los jueces, informó que juzgará
a Otilio Romano antes
de fin de año.
Por su parte, el presidente de
la Corte Suprema de Chile,
Milton Juica, aseguró que la
Justicia de este país tramitará
un eventual pedido de Argentina
para extraditar al juez,
aunque recordó que solo puede
actuar si las autoridades
argentinas lo solicitan.
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