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JUSTIÇA NO EXTERIOR •
EL PAIS (ES) • SOCIEDAD • 15/9/2011
Las comunidades recuperarán competencias sobre los ríos
Una reforma legal exprés intenta sortear el fallo del Constitucional contra el Estatuto
andaluz - El Congreso aprueba hoy el texto, que divide al PSOE
El Congreso tiene previsto
aprobar hoy, con los votos de
PSOE y de los nacionalistas,
una reforma legal urgente
que da a las comunidades de
Andalucía, Aragón y
Cataluña competencias para
inspeccionar y sancionar en
los ríos. Con el texto, aprobado
por urgencia en un decreto
ley, Medio Ambiente
pretende sortear la sentencia
del Constitucional que anuló
el punto más importante del
Estatuto andaluz. La decisión
intenta salvar la cara del
PSOE de esa comunidad,
aunque ha dividido al Ministerio
de Medio Ambiente y
generado malestar entre los
diputados socialistas.
El pasado 26 de agosto, el
Gobierno aprobó un decreto
ley que modificaba la Ley de
Enjuiciamiento Civil y en el
que se incluía una reforma de
la Ley de Aguas. El texto da
"competencia ejecutiva sobre
las facultades de policía de
dominio público hidráulico"
a aquellas comunidades que
lo tienen en sus estatutos de
autonomía (hasta el momento,
Aragón, Andalucía y
Cataluña, que ya tiene la gestión
con una encomienda).
Las comunidades tramitarán
los expedientes, por ejemplo
de un vertido, hasta la propuesta
de resolución. No es
toda la gestión que incluía el
Estatuto andaluz, pero sí cede
competencias de la cuenca.
La reforma legal de urgencia
se justifica por la necesidad
de "dar mayor seguridad jurídica
a las relaciones" entre
las comunidades en agua. Y
hoy, previsiblemente, la ratificará
el Congreso en el penúltimo
pleno de la legislatura.
El texto señala que es
conforme a la sentencia del
Constitucional de marzo pasado,
que tumbó el punto
más simbólico del Estatuto
andaluz, la gestión autonómica
del Guadalquivir. El
alto tribunal anuló ese punto
y recordó que, según la
Constitución, las cuencas de
los ríos que afectan a más de
una comunidad son competencia
estatal. Después, el
Supremo fue en la misma
línea al anular el decreto de
transferencias.
La reforma no fue un camino
de rosas y responde al
empeño del vicepresidente
Manuel Chávez; su mano
derecha, Gaspar Zarrías; el
presidente andaluz, José Antonio
Griñán, y la ministra de
Medio Ambiente, la andaluza
Rosa Aguilar, que hoy defenderá
la ley en el Congreso.
El PSOE andaluz ha hecho
de la gestión del Guadalquivir
una bandera y en año
electoral ni el Constitucional
le arredra.
El secretario de Estado de
Agua, Josep Puxeu, y la directora
general, Marta Morén,
se fueron a Australia a
un congreso de desalación
mientras el Gobierno aprobaba
el texto, del que se han
desentendido. Ante la posibilidad
de introducir la reforma
como enmienda en el Senado
en la Ley de Titularidad
Compartida, el director general
de Desarrollo Rural, Jesús
Casas, se negó, según fuentes
próximas al departamento.
"A algunos no nos gusta y va
en contra de lo que estábamos
preparando en el programa.
Si una comunidad
autónoma lo leva al Constitucional
tiene muchas posibilidades
de ganarlo otra vez,
pero los andaluces se han
empeñado", resume un diputado
socialista. Otra fuente
explica que el problema no
es nuevo y que se gestó al
aprobar los estatutos la pasada
legislatura. Y ahora hay
que aplicarlos.
La prueba de la división socialista
es que el Estatuto
andaluz lo recurrió Extremadura,
con un Gobierno del
PSOE. En 2010, el partido
pidió una reforma en dirección
contraria. Entonces reclamó
unificar competencias
autonómicas en "un ente gestor
global dependiente de la
Administración General del
Estado que coordinará todas
y cada una de las demarca-
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