Salud indígena y derechos humanos. Manual de contenidos - IIDH

Módulo III
(Art. 22) y así como la de Nicaragua (Art. 89), se reconocen el derecho al uso, goce y disfrute
de sus tierras, bosques y aguas. La de Panamá (Art. 122), mandata “regular el uso de aguas”
para los indígenas.
El rango de mayor aseguramiento de los derechos impulsados por pueblos indígenas es a
nivel constitucional. Cabe destacar en los casos de México y Venezuela donde las constituciones
federales no hacen referencia al tema, pero sí algunas constituciones de sus Estados. Ocurre lo
mismo con otros derechos como es tierras y territorio 216 .
Uruguay no aparece incluido aquí por las razones expuestas en nota de pie, pero cabe
destacarse, que su constitución política se ha convertido en la más avanzada en el continente
en materia de agua, por cuanto ha reconocido expresamente el agua como un “derecho humano
fundamental” 217 .
c) A nivel de legislación Primaria (leyes): Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú,
Venezuela, Colombia y Panamá. Las referencias al agua y los indígenas aparecen en las leyes
agrarias, de Áreas Protegidas, medio ambiente, forestales o código de aguas. Veamos algunos
casos:
Chile: La ley 19.253 reconoce sólo a aymaras y atacameños la salvaguarda de sus derechos
ancestrales de aguas. Las aguas dentro de terrenos de la comunidad indígena se reconocen
como propiedad comunitaria, sin perjuicio de los derechos inscritos de terceros. No se otorgarán
nuevos derechos de aguas sobre fuentes que abastecen las aguas de las comunidades indígenas
sin garantizar en forma previa el normal abastecimiento de aguas de las propiedades afectadas.
Se establece un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas para la constitución, regularización o
compra de derechos de agua o financiar obras destinadas a obtener aguas.
Colombia: La Ley 72 de 1910 indica que “no podrán impedir que los naturales laven las
arenas de los ríos, como lo acostumbraban de tiempo inmemorial”. La Ley 812 de 2003 faculta
a las entidades territoriales indígenas y las empresas de servicios públicos, que dentro de sus
competencias, podrán apoyar la creación de empresas regionales que permitan esfuerzos
conjuntos para adelantar programas de agua potable y saneamiento básico en sus territorios
y podrán contar con el co-finaciamiento del Estado. La Ley 70/93 reconoce los derechos de
usos de las comunidades indígenas y negras sobre aguas, playas y riberas resultantes de sus
“prácticas tradicionales”.
Bolivia: La Ley del 11 de septiembre del 2000 (después de la “guerra del agua” de
Cochabamba) reconoce los usos y costumbres para la prestación de servicios de agua potable
y alcantarillado sanitario; la práctica comunitaria y social para el uso, aprovechamiento y
gestión de recursos hídricos, basada en autoridades naturales, procedimientos y normas sociales
convenidas que forman parte del pueblo indígena y originario, comunidades campesinas e
indígenas y originarios y sindicatos campesinos. Además serán objeto de registro (colectivo, de
216 Ver estudio comparativo sobre 16 países realizado por de Roque Roldán en “Models for recognizing indigenous land
rights in Latin America”. Paper Nº 99 Biodiversity Series, World Bank, October 2004.
217 En virtud de un plebiscito constitucional realizado por los movimientos de la sociedad civil, el 31 de octubre del 2004
se hizo una reforma al Art.47 de la Constitución Política que define el agua como un “derecho humano fundamental”
e incluye importantes disposiciones sobre sus alcances en políticas. Puede acceder al texto en: http://www.condesan.
org/agua/resumen/CarlosSantos-completo.pdf.
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