Salud indígena y derechos humanos. Manual de contenidos - IIDH

Salud indígena y derechos humanos
• Si los casos no son resueltos sin llegar a un juicio –o sea, mediante el procedimiento
de solución amistosa–, la Comisión escribe un informe final. En ese momento, las personas
u organizaciones que presentaron la denuncia pueden solicitar que la Comisión
acuse al gobierno ante el tribunal o juzgado de derechos humanos del continente, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Algo que debe quedarnos claro es que en este tribunal no se puede acusar a personas, sino
a gobiernos. Esto es así porque quien ratifica un tratado internacional de derechos humanos y
asume la obligación de cumplirlo, es el gobierno, no una persona en lo particular.
La CIDH también tiene relatorías que se encargan de funciones parecidas a las de las
Naciones Unidas; de ellas, la más importantes para nosotros es la Relatoría sobre los derechos
de los pueblos indígenas.
b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
Por su parte, la Corte IDH es un tribunal formado por siete jueces que son electos por la
Asamblea General de la OEA. La Corte tiene tres funciones principales:
• Juzgar a los gobiernos por los casos de violación de los derechos humanos;
• Escribir opiniones sobre cómo se deben entender los derechos protegidos por la Convención
Americana y los otros tratados de derechos humanos, o sobre situaciones
especiales, como las de los niños y niñas (opiniones consultivas); y,
• Dictar medidas de protección de la vida, la seguridad y la integridad de las personas
que sufren peligro (medidas provisionales).
Tanto la Comisión como la Corte han intervenido en casos de violaciones de los derechos
humanos de personas y pueblos indígenas. Sus resoluciones se llaman jurisprudencia. Entre
los casos vistos por la Corte podemos mencionar los siguientes:
• Caso Mayagna Awas Tingni, que es el nombre de una comunidad indígena nicaragüense,
del pueblo sumo, que se presentó ante el sistema interamericano para denunciar
que el gobierno de Nicaragua había dado sus tierras a una empresa para hacer
carreteras, botar árboles y construir hoteles. En la sentencia que dio la Corte, el Estado
fue condenado por haber violado los derechos de la comunidad. Para hacer justicia,
tuvo que pagarles una indemnización; delimitar, demarcar y titular sus tierras; y, no
afectarlas más mientras eso no estuviera listo.
• En el caso del pueblo indígena de Sarayaku, que vive en Ecuador, la Corte dictó medidas
provisionales para ordenarle al gobierno proteger la vida y la integridad de las
personas. Estas medidas se dieron en contra de las violaciones de derechos humanos
–detenciones ilegales, torturas, amenazas– perpetradas el ejército ecuatoriano que le
vendía servicios de seguridad a unas empresas petroleras, que además estaban en el
territorio indígena destruyendo bosques, fuentes de agua, sitios sagrados y matando
animales con sus actividades.
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