Salud indígena y derechos humanos. Manual de contenidos - IIDH

Salud indígena y derechos humanos
manera gratuita y expedita) los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y se garantiza
la seguridad jurídica de sus titulares y tendrá vigencia durante la vida útil del servicio.
d) A nivel de legislación secundaria (decretos): Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Panamá y Venezuela. Veamos algunos casos.
Brasil: El decreto 88.985/83 establece que los indígenas tienen derechos a las riquezas dentro
de sus tierras. Pero también establece excepciones, facultando al Gobierno para la entrega de
concesiones a empresas.
Colombia: El Decreto 2164/95 establece que “la constitución, ampliación y reestructuración
de un resguardo no modifica el régimen vigente sobre aguas de dominio público.”
Nicaragua: El Decreto 3584 de Julio 9 del 2003, Reglamento a la Ley Nº 28 estipula que “las
Regiones Autónomas establecerán las regulaciones adecuadas para promover el racional, goce y
disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico, tomando
en consideración los criterios de las comunidades” a “proteger las cuencas hidrográficas con el
conveniente manejo de suelos y aguas, a fin de obtener su desarrollo integral y múltiple y los
beneficios de la conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales”.
Panamá: El Decreto Nº 84 de abril de 1999 que adopta la Carta Orgánica de la Comarca
Emberá-Wounaan reconoce que los recursos naturales son patrimonio colectivo de los Emberá-
Wounaan. El Estado y la Comarca velarán por la conservación y utilización racional de los
recursos naturales renovables, tales como la flora o cubierta forestal, los suelos, la fauna y las
aguas.
e) Jurisprudencia (sentencias de tribunales): En general en materia de derechos de los
pueblos indígenas hay jurisprudencia en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá,
Nicaragua, Venezuela y Chile. En los litigios de tierras y recurso naturales se pueden encontrar
referencias al agua. Un caso destacable es el referente al fallo de la Corte Suprema de Justicia
de Chile sobre la demanda de la comunidad indígena atacameña de Toconce que habita el
árido norte de Chile en contra de la empresa ESSAN, por violación del derecho aguas de
dicha comunidad. Es un precedente a nivel de reclamos que muestran la justiciabilidad de este
derecho, en un marco normativo donde el reconocimiento de los derechos indígenas ha tenido
un avance limitado, incluyendo la no aprobación del Convenio Nº 169 de la OIT.
Una base jurisprudencial 218 importante sobre protección de los derechos de agua y los
recursos naturales ha sido generada por demandas de las primeras naciones de Canadá y los
Estados Unidos, que combinan el uso judicial de los tratados firmados por sus naciones con el
Estado federal y mecanismos de negociación política.
218 Casos relevantes han sido estudiados por Russel Lawrence y Krisma Bastien de la Universidad de Lethbridge y publicada
por la OIT bajo el título de “Negociaciones eficaces por parte de pueblos indígenas”, Suiza, 1998.
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