Informe completo - Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Revista de derechos humanos
ser antepuesta al bienestar integral
del individuo. Sin embargo, la Corte
Constitucional de esa época, basada en
juicios androcéntricos y patriarcales, dio
mayor preeminencia a la “familia” y a la
“tradición” (de tipo machista), respecto a
las féminas. Tampoco observó lo estipulado
por el artículo 4º. constitucional que
afirma la igualdad de derechos y dignidad
entre hombres y mujeres; así como en
responsabilidades y oportunidades, independientemente
del estado civil. De
igual manera, ignoró los artículos 44 y 46
que permitían la incorporación de la CE-
DAW al ordenamiento jurídico interno y,
específicamente, el artículo 1 de ésta, que
define la discriminación contra la mujer.
“toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra
esfera”.
Esta sentencia constitucional dejaba
a las guatemaltecas en una condición
de subordinación, “servidumbre” y
dependencia jurídica respecto a sus esposos,
a quienes se les daba la potestad
de ejercer control directo y continuado
sobre aspectos importantes de su vida,
transgrediendo así la vida privada y
familiar de las guatemaltecas.
El 8 de febrero de 1995, el caso fue
llevado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), donde
además de la argumentación ya expuesta,
se indicó que el Código Civil creaba distinciones
entre las mujeres casadas, las
mujeres solteras y los hombres casados,
y limitaba los derechos de las primeras,
en virtud de su sexo y de su estado civil.
Para el trámite ante la CIDH, fue
necesario acreditar la condición de
víctima de una persona en concreto;
fue por ello que se nominó en el caso a
María Eugenia Morales de Sierra, quien:
“…siendo mujer casada con hijos y con
residencia en Guatemala está sujeta a un
régimen jurídico que limita su capacidad
de ejercer sus derechos en virtud de su
sexo y estado civil por el simple hecho
de estar en vigor”. 74
La acreditación de una víctima concreta
ante la CIDH demuestra que las
mujeres no eran consideradas sujetas de
derechos colectivos; sin embargo, uno de
los grandes aportes de este caso concreto
ante esta instancia internacional fue:
74 Morales Trujillo, Hilda. Op. cit., Pág. 71.
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