Informe completo - Asociación de Investigación y Estudios Sociales

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
En la Ley del Fondo de Tierras se
creó el FONDO DE TIERRAS, como
una entidad descentralizada del Estado,
que tiene competencia y jurisdicción en
todo el territorio nacional para el cumplimiento
de los objetivos, atribuciones
y funciones que le asigna dicha ley. Para
el efecto, el artículo cuarenta y ocho (48)
del cuerpo legal en mención estableció
que el Gobierno de Guatemala, ante los
oficios del Escribano de Cámara y de
Gobierno de Guatemala, trasladaría a
FONTIERRAS el fideicomiso denominado
“Fondo de Tierras Acuerdos de Paz” y
lo actuado por éste en el cumplimiento de
sus funciones, lo cual se verificó a través
de la Escritura Pública número 369 de
fecha 16 de diciembre de 1999. 10
2.2 Objetivos, misión y visión del
Fondo de Tierras –FONTIERRAS–
El orden del Estado, generado desde
la Constitución Política de la República
de Guatemala, se fundamenta en el principio
de la supremacía constitucional, el
cual implica que en la cima del ordenamiento
jurídico está la Constitución y
ésta, como ley suprema, es vinculante
para gobernantes y gobernados a efecto
de lograr la consolidación del Estado
constitucional de derecho. Ello implica
que la Constitución, según la teoría del
jurista austríaco Hans Kelsen es la norma
básica del ordenamiento legal y por
lo tanto, es la fuente común de validez de
todas las demás normas que pertenecen
a un mismo ordenamiento jurídico, al
que quedan supeditadas las normas de
rango ordinario con base al principio
normativo jerarquizado de legitimidad
formal que fundamenta y mantiene al
Estado constitucional de derecho.
En Guatemala, la supremacía constitucional
se reconoce específicamente
en el artículo 44 de la Constitución, que
reza: “Serán nulas ipso jure las leyes
y las disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan,
restrinjan o tergiversen los derecchos
que la Constitución garantiza”. 11
Bajo este análisis en el que se postula
a la Constitución como base del ordenamiento
jurídico nacional, debe tomarse en
cuenta que se le reconocen y también se
imponen derechos y obligaciones tanto a
gobernantes como a gobernados, siendo
una obligación específica establecida en
la Carta Magna el que el Estado promueva
el desarrollo económico de la nación,
10 Información obtenida en el Archivo General de Protocolos, dependencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala,
noviembre de 2005.
11 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala, 1985.
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