Informe completo - Asociación de Investigación y Estudios Sociales

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
por “causas naturales”, que podrían ser
categorizadas como causas indirectas.
Este tipo de subregistros limita el accionar
judicial en contra de las y los victimarios
que agraden físicamente a las féminas.
Lamentablemente, el sistema de justicia
no se adecúa a las necesidades de
las mujeres; las leyes para prevenir este
flagelo no son operativas, porque algunas
guatemaltecas viven en lugares tan lejanos
que no tienen acceso a los Juzgados
de Familia, a la Fiscalía de la Mujer, 181
ni a la Policía Nacional Civil (PCN),
etc., por lo que se ven en la necesidad
de movilizarse (muchas veces con sus
pequeños hijos e hijas) de sus lugares
de residencia hacia donde haya alguna
instancia para presentar su denuncia; el
problema es que luego tienen que seguir
haciendo gastos para darle seguimiento
a la misma, y al no contar con recursos
mínimos y/o propios, se ven obligadas a
desistir de la búsqueda de la justicia.
“Los casos no se investigan y las mujeres
tienen que llevar todo el peso
de la acusación, como si no fuese suficiente
ser la víctima. Muchas de las
mujeres del interior del país tienen
que desplazarse hasta la fiscalía de
la capital para denunciar, y otras no
pueden. Sólo hay un representante
de la Fiscalía de la Mujer en Quetzaltenango
y Guatemala. El resto de
los fiscales no está suficientemente
sensibilizado con el problema.”
M.A. Hilda Morales Trujillo.
Prensa Libre 9 de julio del 2003. Pág. 3.
Cuando las mujeres entran en contacto
con el sistema de justicia para
poner su denuncia, muchas veces son
culpabilizadas por los y las mismas
operadoras de justicia, entre otras cosas,
cuando hacen comentarios como:
“¿No será que su marido le pegó porque
usted no lo atendió bien”. Además, al
recibir la denuncia, el Código Procesal
Penal guatemalteco contempla medidas
desjudicializadoras 182 , las cuales son
usadas frecuentemente por el Ministerio
Público, los Juzgados y algunas auxiliaturas
de la Procuraduría de Derechos
Humanos (PDH), quienes promueven
reuniones conciliatorias verbales entre
el victimario y la víctima en aras de
“mantener la unidad familiar”, aunque la
integridad de la fémina esté en riesgo.
Un caso puede judicializarse penalmente
cuando la mujer presenta una
lesión que le dure más de 8 días, aunque
el cargo sería por “lesiones leves” y la
pena contra el victimario no sería signi-
181 Sólo hay Fiscalía de la Mujer en Quetzaltenango, la Ciudad de Guatemala y Villa Nueva.
182 Las cuales fueron abordadas en el capítulo 3.2 de la presente investigación.
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