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760 Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo
esclarecerse, siendo preciso para ello comenzar por
deslindar la diversidad de perspectivas aplicadas a su
enjuiciamiento.
Perspectivas de análisis: la ética
y el derecho son cosas distintas
La complejidad de los dilemas que plantea la nutrición
artificial de ciertos pacientes no es en absoluto
ajena a la diversidad de perspectivas coexistentes en
su análisis y a la propia confusión entre tales perspectivas.
Sin ánimo de adentrarnos en profundas disquisiciones
filosófico-jurídicas, conviene realizar en este
punto una distinción tan evidente para un jurista,
como es para un especialista en nutrición clínica la
existente entre nutrición enteral y parenteral: la distinción
entre la Ética y el Derecho.
La Ética denomina el “conjunto de normas morales
que rigen la conducta humana”, mientras el Derecho
se refiere al “conjunto de principios y normas, expresivos
de una idea de justicia y de orden, que regulan las
relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia
puede ser impuesta de manera coactiva” 3 . Así las
cosas, las normas morales o éticas son normas imperfectas
pues no pueden imponerse coactivamente por
los poderes del Estado (por el poder ejecutivo, a través
de la Administración o por el poder judicial, a través
de los Tribunales), al resultar de la conciencia y pensamiento
particulares de una persona o de un grupo de
personas que no comprende toda la sociedad, en la que
coexisten tantas éticas, individuales o grupales, como
individuos o grupos. Por el contrario, las normas jurídicas
son normas perfectas, pues su cumplimiento
puede imponerse por la fuerza, por la Administración
y/o los Tribunales, al destinarse a regular —y posibilitar—
la convivencia de todos los individuos de una sociedad
siendo dictadas por los propios individuos de
esa sociedad, a través de sus representantes elegidos
democráticamente.
Obviamente, la Ética y el Derecho no son compartimentos
estancos, por cuanto el Derecho es “expresión
de una idea de justicia y de orden”: la que resulta de
las convicciones y valores éticos mayoritarios de una
determinada sociedad en un determinado momento
histórico. En tal sentido, la ética nutre y conforma al
Derecho pero no es Derecho. No es Derecho “positivo”.
Solo lo será cuando se plasme (“positivice”) en
3 Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Segunda
Edición.
una norma jurídica escrita que, insistimos, es la única
cuya observancia puede imponerse y cuyo incumplimiento
puede reprenderse mediante una condena o
una sanción. La única norma, en fin, que puede aplicarse
e imponerse por un Tribunal de Justicia o por un
órgano de la Administración.
Sin perjuicio de mencionar, a efectos ilustrativos,
las perspectivas éticas de determinados grupos, bien
religiosos (la Iglesia católica), bien profesionales (las
sociedades científicas), centraremos este examen en la
perspectiva jurídica del ordenamiento jurídico español,
que es la única aplicable —y exigible— a todos
los individuos de la sociedad española al margen de
sus diversas éticas privadas o grupales.
Instrumentos de análisis: normativa
jurídica aplicable
Identificada la perspectiva jurídica y deslindada de
la ética, procede identificar las concretas normas que,
dentro de la primera, se ocupan de las concretas cuestiones
de nuestro análisis (los problemas de la nutrición
artificial de ciertos pacientes).
— En primer lugar, en la cúspide del ordenamiento
jurídico, la Constitución española consagra determinados
derechos fundamentales que reflejan
los valores que la sociedad española de
1978, año de aprobación de la Constitución,
consideró superiores o más esenciales. Entre los
concretos derechos fundamentales constitucionales
en liza, en las cuestiones de nuestro análisis
destacan la dignidad de la persona (artícu -
lo 9.1), el derecho a la vida y a la prohibición
de tratos inhumanos o degradantes (artículo
15), el derecho a la libertad de actuación y pensamiento
(artículos 16 y 17) y el derecho a la
objeción de conciencia, incluido en aquélla. Al
interpretar estos derechos, el Tribunal Constitucional
ha tenido ocasión de abordar el alcance
del derecho a rechazar la nutrición artificial (así,
cabe recordar las pautas proporcionadas por la
famosa Sentencia 120/1990, sobre la alimentación
forzosa a los presos de la organización terrorista
GRAPO en huelga de hambre).
— En un segundo escalón de la jerarquía normativa,
se encuentra la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
reguladora de la autonomía del paciente
y de sus derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica
(en adelante LAP). Dicha Ley sigue las pau-