Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

6 ANTONIO CARRILLO FLORES
fundamental, que teóricamente regía
la vida mexícana cuando estalló la revolución;
en lo político declararon dogmáticamente
que los derechos del
hombre eran "la base y el objeto de las
instituciones sociales", y en lo económico
involucraban como verdades evidentes
las enseñanzas que habían
recogido de Adam Smith y de Jeremías
Bentham. Si se quisiera señalar un discurso
particularmente representativo
de esas ideas, habría que elegir el que
dijo, en la sesión de 8 de agosto de 1856
el entoncesjoven diputado Ignacio Luis
Vallarta, y que contiene las siguientes
palabras:
Desde que Adam Smith' dejó aprobada
la máxima económica de la "concurrencia
Universal" (acepto el estado de
los pueblos tal cuales, y en tal supuesto
descansan mis raciocinios): desde entonces,
señor, ya no es lícito dudar de
la solución de aquellas cuestiones. El
principio de concurrencia ha probado
que toda protección de la industria,
sobre ineficaz. es fatal que la ley no
puede injerirse en la producción. Que
la economía no quiere del legislador
más que la remoción de toda traba,
hasta las de protección que el solo interés
individual, en fin, es el que debe
crear, dirigiry proteger toda especie de
industria, porque sólo él tiene la activi-
dad, vigilancia y tino para que la producción
de la riqueza no sea gravosa. "
Vallarta, a quien con justicia, por otra
parte, el "porfiriato" consagró en la Suprema
Corte y fuera de ella como la
autoridad máxima en materia constitucional,
se mantuvo fiel a sus ideas a lo
largo de toda su vida. Bajo su influencia
intelectual, que coincidía además con
una terrible escasez de recursos propios,
humanos y materiales, así en lo
que ahora llamaríamos al sector público
como en el privado, se llevó adelante en
la legislación secundaria, tanto en la
civil y mercantil como en la administrativa
y particularmente en la importantísima
de minas, un proceso que
concluyó por dar al Estado mexicano,
respecto de la economía del país, tareas
parecidas a las que en la Constitución
de Inglaterra tiene el monarca: una
potestad muy alta pero muy tenue de
consejo, de apoyo moral, de símbolo de
la respetabilidad, pero insignificante
autoridad efectiva. (En algunas materias,
tierras y petróleo nada menos, para
hacer la abdicación de su potestad, el
Estado mexicano tuvo que abandonar
tradiciones que venían de siglos).
Las necesidades sociales y políticas,
más presionantes que las teorías, obligaron
al gobierno federal, a fines del
siglo XIX y a principios del XX, a tomar
intervenciones económícas muy alejadas
del pensamiento vallartino: en algunas
tan importantes como el Decreto de