Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

24 ANTONIO CARRILLO FLORES
tan sólo señalar que en medio de su gran
diversidad, todas estas organizaciones
que, son ahora más de 500, pueden ordenarse
de la siguiente manera:
a) Corporaciones o establecimientos de
derecho público sometidos a la dirección
política del presidente de la República
y que cuentan en la generalidad de
los casos con consejos directivos, algunos
de carácter mixto, compuestos por
funcionarios públicos y por particulares
a titulo individual o como representantes
de ciertas organizaciones no
gubernamentales. Corresponden a este
tipo de entidades el Instituto del Seguro,
de los miembros del Ejército y de la
Armada, Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles
Nacionales de México, y otras
más;
b) Sociedades anónimas que desempeñan
funciones gubernamentales,
tales como el Banco de México, Nacional
Financiera, la Compañía
Nacional de Subsistencias Populares
y muchas más.
e) Empresas de carácter privado pero
con mayoría de capital gubernamental
y que tíenen a su cargo la producción de
bienes y la prestación de servicios públicos,
como Teléfonos de México, Altos
Hornos de México, entre otras.
d) Empresas constituidas como fideicomisos:
el Fondo de Cultura Económica
y varias que funcionan en la órbita del
Banco de México y Nacional Financiera
son casos típicos.
México vive una época de cambios acelerados
en lo que toca al campo de
acción de la Administración Pública y
consiguientemente de las agencias u organismos
a través de los cuales se desempeñan
esas nuevas atribuciones.
Hay indicios de que en fecha cercana se
intentará simplificar u organizar mejor
la vastisima red de entidades que
en su conjunto integran ahora el sector
público."
Desde el punto de vista estrictamente
jurídico, la naturaleza de las entidades
tiene influencia en cuanto a la definición
de los requisitos para la validez de
los procedimientos que siguen tales entidades
y para la defensa que eventualmente
los particulares pueden hacer
valer frente a ellas.
Una ley reciente, lade Defensa del Consumidor,
ha sometido a todas esas entidades
a la autoridad de una
procuraduría que puede conocer las reclamaciones
de los particulares, además
del control político que resulta del
nuevo artículo 93 y del que obviamente
ejerce el presidente de la República,
directamente o a través de la Secretaría
del Patrimonio Nacional y de otros ministerios,
en especial del de Hacienda,
tratándose de las instituciones bancarias
y financieras.