Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

12 ANTONIO CARRILLO FLORES
conocía como el punto décimo del artículo
27, cuyo texto es el siguiente:
"El ejercicio de las acciones que corresponden
a la nación por virtud de las
disposiciones del presente artículo, se
hará efectivo por el procedimientojudicial,
pero dentro de este procedimiento
y por orden de los tribunales correspondientes,
que se dictará en el plazo máximo
de un mes, las autoridades
administrativas procederán desde luego
a la ocupación, administración, remate
o venta de las tierras yaguas que se
trate, y todas sus accesiones, sin que en
ningún caso pueda revocarse lo hecho
por las mismas autoridades antes de que
se dicte sentencia ejecutoria."
Este precepto, uno de los más críticos
del Código queretano, dio lugar a numerosas
discusiones en el seno de la
Suprema Corte de Justicia entre 1917 y
1934, principalmente. Según el testimonio
de don Luis Cabrera, se pretendió
que todas las atribuciones que el
articulo 27 daba a la Federación, inclusive
la de restituir a los pueblos en sus
ejidos y dotarlos de tierras, se hiciesen
efectivas a través de procedimiento judicial,
si bien esos procedimientos deberían
permitir una acción muy rápida.
La Suprema Corte, por inspiración e
influencia de uno de sus más ilustres
presidentes, don Salvador Urbina, interpretó
el párrafo décimo a la luz de la
teoría de la doble capacidad del Estado:
debería ir la administración a un juicio
cuando tratara de ejercitar derechos
"como persona de derecho privado". Y
no cuando obrase como autoridad."
En realidad, a pesar del parecer de don
Luis Cabrera, nunca dudó laCorte de que
la reforma agraria, especialmente la restitución
y dotación de ejidos y de manera
más general la expropiación por causa de
utilidad pública, también regulada en el
artículo 27, debería de llevarse a cabo
dentro de lo que la doctrina francesa ha
llamadocon aciertoun "régimen exorbitante",
o sea a través de decisiones ejecutivas
que no requieren para su validez
y cumplimiento la sanción previa de los
órganos jurisdiccionales. Hubo, sin embargo,
otras áreas menos claras, tales
como la relativa a declarar que ciertos
bienes pasaban a ser propiedad de la
nación por virtud de estar poseídos o
administrados por interpósitas personas
de la iglesia o destinadas al culto público
o a otros propósitos religiosos. A partir
de 1933 17 se produjo un hecho interesante:
nuestro tribunal supremo reconoció
que es aplicable en México, no obstante
lo dispuesto en los artículos 14 y 17
constitucionales," la doctrina de la decisión
administrativa ejecutoria o ejecutiva,
expuesta por lostratadistas franceses,
italianos y españoles, y que cuando una
Ley del Congreso lo autorizase, la Administración
Pública podía emitir actos