Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

26 ANTONIO CARRILLO FLORES
La creciente complejidad de las tareas
administrativas, la adopción también
creciente de las técnicas elaboradas por
la ciencia de la administración y el desarrollo
demográfico de nuestro país,
uno de los más altos y acelerados del
mundo, tanto en lo que toca a indices
nacionales como al proceso de urbanización,
han impuesto en los últimos
años la necesidad de desconcentrar
aquellas tareas.
Naturalmente que el fenómeno no es
enteramente nuevo, pero sí se ha acentuado.
Desde luego, para fines de programación
del desarrollo, al pais se le
ha dividido en regiones que cubren la
extensión de varios estados, y hay una
clara tendencia a desconcentrar, también
con criterio regional, la facultad
decisoria, aunque bajo la supervisión
final de los órganos superiores que trabajan
en la capital de la República."
La Constitución mexicana prevé en su
articulo 44 la posibilidad de que los poderes
federales se trasladen a otro lugar,
caso en el cual se erigirá el Estado del
Valle de México con los limites y extensión
que le asigne el Congreso General.
Parece muy improbable que se llegue a
ese extremo; pero no puede descartarse
entre las opciones que se examinarán en
un futuro cercano que algunos ministerios
y otras dependencias federales muden
de sitio, sobre todo tomando en
cuenta la facilidad de las comunicaciones
y el hecho de que las proyecciones
del crecimiento demográfico del área
metropolitana de la ciudad de México
señalanya cifras aberrantes para fines de
este siglo.
VII. Estatutos de
Funcionarios y Empleados
La Constitución, como salió de Querétaro,
establecía que las facultades del
Presidente de la República, en cuanto a
nombramiento y remoción de funcionarios
y empleados, eran de dos órdenes:
1) Libre nombramiento y remoción de
los altos funcionarios.
2) Posibilidad de que la remoción de los
otros funcionarios y empleados, asi
como sus nombramientos, estuviesen
sujetos a requisitos fijados en la propia
Constitución o en las leyes.
En 1938 se expidió el Estatuto de los
trabajadores al servicio de los poderes
públicos, en el cual se concedió a los
empleados de base ciertos derechos sociales,
como el de sindicalizarse, el de
no poder ser despedidos sin causa justificada,
e inclusive el de huelga. (En
1925 se les había dado el derecho a
recibir pensión y otras prestaciones
económicas). Ese estatuto estuvo en vigor
hasta abril de 1941. Después, como
ha expuesto don Gabino Fraga, las exigencias
de los burócratas fueron en au-