Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

go la doctrina de Bassols no fue pensada
para los procedimientos administrativos
que solamente creao una relación
bilateral entre la Administración Pública
y el particular cuyos derechos pueden
verse lesionados; y es con relación
a ellos como ha habido un cambio sustancial
en la jurisprudencia a partir de
1942, según lo explicó Alfonso Noriega
en su monografía citada.
A diferencia de lo que sostuvo Vallarta,
ya no se considera que la administración
esté obligada a acudir a un juicio
ante los tribunales siempre que el cumplimiento
de sus atribuciones pueda lesionar
los intereses jurídicos de un
particular; mas tampoco se piensa ya
que sea bastante con que ella cumpla
con la ley; se exige que esa ley dé una
oportunidad adecuada al particular de
ser oído y defenderse. Es decir, que de
cuatro garantías señaladas en el artículo
14, la jurisprudencia actual dispensando
a la autoridad administrativa de las
que en párrafo anterior se señalan con
las letras a) y b) obligándola sólo a
cumplir con e) y la d).
Tendencia paralela se advierte en varias
leyes administrativas, de las que,
por su importancia, pueden citarse, entre
otras, las dos generales de Bienes
Nacionales. En ambas se da al Ejecutivo
federal una amplia gama de facultades
para dictar decisiones ejecutivas,
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tales como:" a) declara que un bien
determinado forma parte del dominio
público; b) tomar las medidas adecuadas
para obtener, mantener o recuperar
su posesión, como para remover cualquier
obstáculo natural o artificial que
interfiera con su uso O destino, y e)
anular administrativamente los acuerdos,
concesiones, permisos o autorizaciones
otorgados por autoridades
incompetentes o los dictados con violación
de un precepto legal o por error,
dolo o violencia, cuando hayan perjudicado
los derechos de la nación o los
intereses legitimas de terceros. Tomada
cualquiera de las resoluciones anteriores,
podrá ser reclamada, mediante
oposición que formule "quien sufra un
perjuicio individual, directo y actual",
dentro de los quince dias siguientes a
la notificación o al inicio de la ejecución
si no ha habido notificación. Salvo
casos urgentes de evidente interés
público se suspenderá la ejecución de
la resolución impugnada, previo otorgamiento
de la garantía adecuada: se
comunicará la oposición al tercero interesado
si lo hubiere: se recibirán las
pruebas que ofrezcan los particulares
y se podrán mandar practicar, de oficio,
los estudios y diligencias que se
estimen oportunos; se dará un plazo al
opositor y al tercero para que aleguen,
y finalmente se dictará la decisión ejecutiva.
El articulo 11 de la Ley dispone
que la administración podrá abste-