Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

Justicia nunca se puso en duda seriamente
la constitucionalidad del Tribunal
Fiscal de la Federación que, por lo
demás, fue examinada con toda amplitud
en la amplia Exposición de Motivos
de la Ley.
En todo caso, el problema, aun desde el
punto de vista teórico, desapareció
cuando en 1946 se promulgó la reforma
a la fracción 1 del artículo 104 constitucional
que facultó al Congreso Federal
para establecer recursos ante la Suprema
Corte contra las sentencias dictadas
por tribunales administrativos creados
por ley federal y que tengan plena autonomía
para dictar sus fallos.
En junio de 1967 se promulgó una nueva
reforma al artículo 104, que entró en
vigor en 1968, y de una manera ya más
amplia y dírecta confirmó la potestad de
las leyes federales para instituir tribunales
administrativos de lo contencioso
administrativo que tengan a su cargo
redimir las controversias que se susciten
entre la Administración Pública federal
y del Distrito y territorios y los
particulares, asi como para dar las normas
para su organización, su funcionamiento,
el procedimiento y los recursos
contra sus resoluciones. En estas reformas
se conservó la posibilidad prevista
en 1946 de la revisión ante la Suprema
Corte de los fallos de los tribunales
administrativos ante la Suprema Corte.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 21
Hasta hoy la legislación federal solamente
ha creado un nuevo tribunal en
ejercicio de esta competencia, para dirimir
controversias entre los particulares
y las autoridades del Distrito; pero
hay una corriente doctrinal cada vez
más vigorosa para que se establezca un
tribunal federal de lo contencioso administrativo
que cubra todas las áreas de
la acción administrativa."
Naturalmente que, en caso de que esta
propuesta prospere, será necesario que
la legislación respectiva defina las jurisdicciones
respectivas de dicho tribunal
federal de lo contencioso
administrativo y de los órganos tradicionales
de la justicia federal, esto es,
de los jueces de distrito, de los magistrados
de circuitos unitarios y colegiados
y de la Suprema Corte de Justicia.
Parece indudable que en todo caso
se mantendrá la jurisdicción de la Suprema
Corte de Justicia para, de una
manera o de otra, decir la última palabra,
no en todos los casos, pero sí en
aquellos de especial importancia y
transcendencia.
V. Los Órganos de la
Administración Activa
México adoptó prácticamente desde su
origen como república federal el régimen
presidencial, inspirado en la Constitución
norteamericana de 1787,