Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

Una breve incursión por los campos del
derecho comparado puede servirnos
para ver que la solución anterior es la
ortodoxa y que aún en la República
Argentina el país del que probablemente
nos llegó la idea de los gobernadores
agentes, ha sido necesario
templar y moderar ésta debido a los
peligros que representa. En los Estados
Unidos de América, no faltó un representante
que expresara en el seno de la
Convención de Filadelfia, que "los estados
son los instrumentos de que la
Unión ha de depender con frecuencia
para que sus facultades cobren fuerza y
sean ejecutadas"." Madison y Hamilton
encontraban natural y debido que el
Gobierno de la Unión, en vez de nombrar
funcionarios propios, por ejemplo
recaudadores de impuestos, aprovechara
a los empleados de los estados, que
se utilizara a la magistratura ordinaria
en la ejecución de las leyes, y que las
legislaturas, tribunales y magistrados
de los miembros se convirtieran en auxiliares
del gobierno nacional." En realidad,
las cuestiones que se agitaron en
nuestro Constituyente, no se presentaron
en el norteamericano. Fue en el
primer Congreso en el que los adversarios
de la Federación dieron una batalla
semejante, al proponer que los estados
recaudaran los derechos aduanales y
sobre consumos, asi como que los tribunales
locales conocieran de todos los
casos federales, salvo los atribuidos a la
Suprema Corte por la Constitución. La
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lucha fue enconada y se decidió por un
escaso margen, apenas 3Ovotos contra
27. 41 Desde entonces quedó establecida
como práctica general del Gobierno Federal
la de depender de elementos propios,
de agentes que controla inmediata
y directamente, y sólo en fechas recientes
se ha acudido a los funcionarios
locales para confiarles la administración
de algunos servicios, como el reclutamiento
militar, la aplicación de las
leyes sobre prohibición de bebidas alcohólicas,
el Cuerpo Civil de Conservación
Forestal durante la depresión
económica, etcétera." Mas es de advertirse,
que para esta delegación es indispensable
la aceptación de los estados, y
la doctrina ha sido firme y casi unánime
en el sentido de que el Gobierno General
no puede imponer obligaciones a los
funcionarios de los estados." Se exceptúan
naturalmente, los casos establecidos
en la Constitución de 1787, de
ciertos actos o colaboraciones por parte
de los estados, el de la Guardia Nacional
y el de los tribunales locales a los
que la Suprema Corte ha obligado a
conocer de las controversias que surjan
con motivo de la aplicación de leyes
federales, apoyándose en lo dispuesto
en el artículo 6, inciso 2, concordante
de nuestro articulo 133. 44
Volvamos ahora la vista a la aportación
de Argentina, en parte por curiosidad
histórica, en parte por las enseñanzas
que derivaremos de ella. Desde que por