Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

30 ANTONIO CARRILLO FLORES
natural la aparición de órganos nuevos
de las más variada naturaleza, según
quedó dicho ya.
En los textos iniciales de la Constitución
de 1917, que salvo puntos concretos
citados en esta monografia no varió
el sistema de la Consitutción de 1857,
el Presidente de la República, ubicado
en la cúspide de la pirámide que constituye
la Administración Pública, cumplia,
al menos en teoría, funciones
esencialmente politicas, entre ellas las
de nombrar y remover libremente a los
secretarios de Estado. La administración
y el despacho de los negocios (artículo
90) correspondería a los
secretarios de Estado y, como órganos
no políticos, a los jefes de los departamentos
administrativos. El artículo 92
era y es terminante: sin el refrendo del
secretario de Estado, los reglamentos,
decretos y órdenes del presidente "no
serán obedecidos", o sea que el presidente
de la República constitucionalmente
no puede dictar órdenes eficaces
sin la aprobación del secretario de Estado,
aunque naturalmente si puede removerlo"
.40
La primera modificación vino cuando
los departamentos admínistrativos se
convirtieron tambien en órganos políticos
la Contraloría, el Departamento del
Trabajo, el de Asuntos indígenas, el
Agrarío, entre otros, aunque algunos
desaparecieron y otros se transformasen
después en secretarias de Estado.
Convertidos en órganos politicos fue
natural que ya en la Ley de Secretarías
de Estado de 1935 se diese a los jefes
de departamento la facultad de refrendo
y se les hiciese míembros del Consejo
de Ministros; aunque estas modificaciones
han perdído ímportancía, ya que
el úníco "departamento" que queda es
el encargado de los asuntos del Distríto
Federa!."
El panorama se complicó todavía más
con la aparición de nuevos órganos,
indudablemente encuadrados en el Poder
Ejecutivo, cuya existencia ha sancionado
el nuevo artículo 93 de la
Constitución y que no son ya ni secretarías
de Estado ni departamentos administrativos.
En tales condiciones, es ahora menos
seguro que antes saber en qué casos se
aplica, y en cuáles casos no, uno de los
principíos básicos del Estado de derecho:
el de que los funcionarios y empleados
públicos sólo pueden hacer
aquello para lo que están facultados
legalmente.
Tratándose de las autoridades que
podrían llamarse tradicionales Presidente
de la República, gobernador del
Distrito Federal y funcionarios subordinados
a ellos de manera directa, en relación
jerárquica es indudable, dado lo
dispuesto por el artículo 16 constitucional,
que sus actos, en cuanto molesten
a un particular en su persona, posesío-