Número 88 - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

32 ANTONIO CARRILLO fLORES
5) Elaborar una Ley General de Procedimientos
Administrativos y crear
un Tribunal Federal de lo Contencioso
Administrativo. ¿Sería también conveniente
adoptar, acomodándola a nuestras
necesidades, la institución del
ombudsman't"
6) Un sistema efectivo que permita exigir
responsabilidades tanto a los funcionarios
y empleados como a las
entidades mismas, y aun al Estado, de
acuerdo con lo que con cierta amplitud
se trata en el capítulo relativo de esta
monografía.
Apéndice Sobre la Nueva Ley
Orgánica de la Administración
Pública Federal
En el Diario Oficial de 20 de diciembre
de 1976 se publicó la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal que
abrogó la Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado de 23 de diciembre de
1958.
Este apéndice no pretende, por supuesto,
ser una exposición de dicha ley. He
creído, sin embargo, conveniente comentarla,
sin alterar la monografía
presentada en el coloquio, por su importancia
indudable para la visión panorámica
que he pretendido dar de "La
evolución del derecho administrativo
mexicano en el siglo xx".
El título mismo del nuevo ordenamiento
refleja las realidades contemporá-
neas de la Administración Pública mexicana,
que han rebasado ya con mucho
el marco de las secretarías de Estado y
departamentos administrativos, concebido
por la Constitución de 1917, para
incluir un nuevo y variado sector al que
se denomina "Administración Pública
Paraestatal". La Presidenciade la República,
las secretarías de Estado, los departamentos
admínistratívos y la
Procuraduria General de la República
integran la Administración Pública
centralizada de acuerdo con el párrafo
segundo del artículo primero de la Ley;
si bien el artículo 17 prevé que las secretarías
y los departamentos administrativos,
podrán contar con órganos
administrativos desconcentrados que
tendrán facultades para resolver, dentro
del ámbito territorial que se determine
en cada caso, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
El Presidente de la República sigue
siendo, por supuesto, el jefe nato de la
administración; pero se precisa, de
acuerdo con los artículos 90 y 92 constitucionales,
que el despacho de los
asuntos de la Administración Pública
centralizada corresponderá a los secretarios
de Estado y jefes de departamentos
administrativos." En cuanto al
procurador general de la República, la
nueva ley se refiere a su competencia
como consejero jurídico del gobierno
federal, dejando a la LeyReglamentaria
del artículo 102 constitucional deterrni-