los molinos del altoaragon - Instituto de Estudios Altoaragoneses

LAS I>I:SAMORTIZACIONLS
Se conoce con este nombre al proceso de venta de bienes inmuebles que
habían sido propiedad de la Iglesia y de los municipios llevado a cabo por el
Estado con el fin de lograr recursos para financiar la deuda pública. Si bien los
procesos desamortizadores se habían iniciado ya en las últimas décadas del
siglo XVIII, las leyes que llevaron a cabo las grandes desamortizaciones se dictaron
en el siglo XIX. Su elaboración, su aprobación y su puesta en práctica
caminaron a la vez que la implantación del régimen liberal en España. Sus
pasos son los hitos que marcan el camino de la desmembración del antiguo
régimen entendido en un sentido amplio: no sólo se derribó el tradicional poderío
económico de la Iglesia, que se alzaba sobre los cimientos de sus extensas
posesiones en tierras y edificios, sino que también se arrebataron a las comunidades
locales los bienes comunales en los que fundaban —desde hacía siglos—
el origen de las rentas que hacían posibles la autonomía municipal y la oferta de
ciertos bienes y servicios a lodos los vecinos, incluidos los más desfavorecidos
por la fortuna.
El día 19 de febrero del año 1836 se dictó el real decreto por el que se
sacaban a la venta las fincas pertenecientes a las órdenes religiosas y a las viejas
encomiendas de las órdenes militares. Al amparo de esta ley salieron a la
venta un molino de los frailes mercedarios en Barbastro; otro molino en Santa
Cilia, que había sido de los frailes de San Juan de la Peña; dos molinos de los
mercedarios en Huesca; otro de los monjes de Sigena, en la huerta de Sena; otro
de las benitas de Jaca, en Las Casas, y otro del monasterio de San Victorián en
el río La Nata. De las encomiendas de las antiguas órdenes militares se vendieron
dos molinos aceiteros y uno harinero, los tres en Belver.
En la fecha de 2 de setiembre de 1841 se promulgó una ley por la que se
ponían en venta las fincas pertenecientes al clero secular. Siguiéndola, se ofrecieron
al mejor postor un molino de la catedral de Huesca, otro de los canónigos
de Santa María de Monzón y tres molinos —uno harinero, otro aceitero y
otro trapero— de los canónigos de Roda.
El día 1 de mayo de 1855 vio la luz la ley que más influencia había de
tener en el cambio de la titularidad de los molinos altoaragoneses. Esta ley
afectó a los bienes comunales. Casi lodo el patrimonio que desde hacía siglos
administraban los concejos de las ciudades, de las villas y de los lugares se
puso en venta. En las ofertas de los bienes que se vendían aparecen todos los
edificios que a lo largo de —por lo menos— medio milenio habían constituido
el emblema y la manifestación visible de lo que se controlaba y se regía desde
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