La miseria del populismo (1986) - Aníbal Romero

diferentes a las desigualdades que existen en las sociedades socialistas o
autoritarias en general. En el primer caso, si se trata de sociedades
democráticas con una vigorosa economía de mercado, se generarán
desigualdades que serán principalmente producto de fuerzas impersonales, de
las diferencias en talento y productividad de las personas; las sociedades
colectivizadas, en cambio, producen desigualdades que son el resultado de
jerarquías políticas inflexibles y de mecanismos económicos sometidos a una
dirección centralizada En este caso las desigualdades son consecuencia de
estructuras que aplastan al individuo; en una sociedad libre las desigualdades
se derivan del funcionamiento de estructuras que dejan espacio al individuo
para el despliegue de sus potencialidades. Esta, lamentablemente, no es la
situación existente en Venezuela,’a causa del estatismo y la excesiva influencia
partidista, que crean privilegios clientelares en todos los ámbitos de la vida
ciudadana.
Desde luego, un Estado democrático tiene el deber moral de ocuparse de los
miembros más débiles e infortunados de la sociedad. Mas esta protección del
Estado a los menos favorecidos debe canalizarse en el sentido de contribuir a
crear el marco institucional -económico, jurídico, y educativo- que permita a las
personas superarse por sí mismas. Esto es distinto a los programas de
redistribución de la riqueza de que hablan muchos de nuestros políticos. En la
práctica, y en particular dentro de nuestro contexto populista, esos “programas
distributivos” se transforman en un proceso totalmente arbitrario en el que un
grupo reducido de políticos y funcionarios públicos traspasan caprichosamente
recursos de unos grupos de la población a otros. La intensificación de los
llamados programas distributivos engendraría una gran desigualdad en las
atribuciones y usos del poder político en favor de quienes controlasen el
aparato de transferencia de recursos. Esas personas tendrían entonces el
camino abierto para explotar dicho poder y concederse a ellas mismas
privilegios materiales”. (24) Esto es, de hecho, lo que ha ocurrido en todas
partes donde el Estado, en lugar de estimular una economía de mercado y un
marco jurídico de leyes y reglas comunes y de igual aplicación para el conjunto
de la ciudadanía, ha acrecentado sistemáticamente su poderío económico y sus
atribuciones distributivistas -y Venezuela no es, como sabemos, una excepción.
Nuestro problema esencial no es la injusta distribución de la riqueza sino la
existencia de una economía y una mentalidad nacional rentistas que le cierran
el paso a un desarrollo efectivo, y contribuyen decisivamente al deterioro de
nuestro orden político.
En suma, si bien admito que la idea de justicia social tiene un contenido
intuitivo que responde en muchos casos a la honesta y legítima inquietud por
las desigualdades e infortunios de que padecen gran número de venezolanos,
creo, también, que hay que evitar caer en ingenuidades en el análisis de un
problema clave para el país, que es el de la vía más eficiente para enfrentar
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(24) Dubuc, “El Programa”..., p. 17.