La miseria del populismo (1986) - Aníbal Romero

competencia y la libertad económica en general como progenitoras de la
innovación, el cambio y el progreso. Por esto, y en lo que respecta a nuestro
caso, en términos económicos lo que está planteado ahora es menos, no más
intervencionismo, más libertad económica, aliento a las fuerzas del mercado y
desmantelamiento gradual –en base a la experiencia, y con ajustes progresivos-
de la economía estatizada y el correspondiente monstruo burocrático que de
ella se alimenta.
El Estado venezolano es una especie de pulpo que controla la economía,
domina la política, moldea la sociedad, impregna la cultura, maneja la
información, permea el medio ambiente, dicta sin parar pautas y reglamentos,
es, en fin, omnipresente y pegajoso y determina la vida de casi toda la
población, pero sin embargo no puede hacer cumplir sus propias leyes. He aquí
su paradoja: tenemos un Estado en apariencia omnipotente, pero que es
fundamentalmente débil en lo decisivo: la capacidad de sancionar a los que
violan sus reglas.
La pregunta importante es ésta: ¿hasta qué punto es tal debilidad real o
tan sólo aparente? Bien sabemos que en Latinoamérica es tradicional que
países con las Constituciones más liberales y democráticas vivan bajo
regímenes esencialmente autoritarios y represivos. La distancia entre los
objetivos proclamados y los propósitos efectivos es un rasgo común en la
actitud de nuestros gobernantes, y el populismo, entre otras cosas, conduce
precisamente a crear reglas para que sean rotas. La idea es, por un lado,
cohesionar un movimiento amplio en base a promesas generalizantes e
imposibles, y por otro lado hacerse de la vista gorda ante la violación de esas
reglas por parte de los sectores dominantes en la estructura clientelar.
Hasta ahora, ese mecanismo paradojal ha funcionado con éxito político
en Venezuela, con altos costos y graves consecuencias para el país como un
todo, pero con gratificantes resultados para el sistema clientelista. No obstante,
ya las cosas van llegando a un punto en extremo peligroso, digan lo que digan
los eternos -y a veces falsamente ingenuos- optimistas. La democracia
venezolana, para sobrevivir con dignidad, debe encaminarse en una dirección
no-populista, fundamentada en el respeto al ordenamiento legal y la eficaz
sanción a su incumplimiento.
En tal sentido, otra de las líneas de acción claves que debe adoptarse
cuanto antes por parte de los que se encuentran a la cabeza de nuestra
dirigencia política, tiene que ver con la reforma del sistema de administración
de justicia en Venezuela. Me refiero por un lado alas leyes y reglamentos que
establecen la normativa legal en diversos órdenes de la vida ciudadana -
incluyendo, desde luego, el económico-, y por otra parte al aparato concreto de
evaluación y sanción, es decir, los tribunales y cortes de justicia -lo que
denominamos el poder judicial. Allí está la columna vertebral de un Estado de
Derecho capaz de sostener un sentido de disciplina, el respeto mutuo entre los
ciudadanos, la libertad, la equidad y la eficiencia. En nuestro país este aparato,
tanto en su teoría como en su práctica, es pesado, lento, quejumbroso,
complicado, y es indispensable hacer las leyes más accesibles y comprensibles