Los Derechos de los Pueblos IndÃgenas y Tribales en la PrÃ¡ctica

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una compañía para la explotación petrolífera en un bloquedonde se ubica el 70% del territorio de 150 000 hectáreasperteneciente a la Federación Independiente del PuebloShuar de Ecuador (FIPSE), formada por diez asociacionesque representan aproximadamente a 5 000 personas.Los reclamantes alegaban que, aunque el petróleo seaun recurso sobre el que el gobierno tiene derechos depropiedad inalienables y la compañía de explotaciónpetrolera actúe en nombre del Gobierno, no se habíainformado a los miembros de la FIPSE sobre la firmade un contrato de explotación de hidrocarburos en elsubsuelo de su territorio, ni se los había consultado enningún momento al respecto.Para 1998, la asamblea extraordinaria de la FIPSE habíadecidido no permitir que se efectuaran negociacionesentre los miembros o las comunidades y la compañía ydeclaró que “cualquier intento de la compañía en estesentido será considerado como un acto de atropello a laintegridad del pueblo Shuar y sus organizaciones y comouna abierta violación a nuestros derechos reconocidos enla Constitución (de Ecuador) y en el Convenio núm. 169de la OIT”. Los reclamantes alegaron que esta declaraciónpública de la FIPSE no fue respetada debido a que lacompañía intentó dividir las organizaciones locales y crearfalsos comités para coordinar sus actividades y denigrara las organizaciones indígenas frente a la opinión pública.Se alegó igualmente que el Gobierno había violado elConvenio núm. 169 al firmar un documento concertadoentre funcionarios de Arco y algunos miembros de laFIPSE por el que se aprobaban supuestamente lasactividades de prospección y explotación en territorioShuar, después de la declaración pública de la asambleade la FIPSE.En respuesta a ello, el Gobierno declaró que losmecanismos de consulta requeridos en virtud delConvenio núm. 169 no eran aplicables, debido a que elacuerdo con la compañía petrolera había sido suscrito el27 de abril de 1998, y el Convenio había sido ratificadopor Ecuador tan sólo el 15 de mayo de 1998. Por lo tanto,el Gobierno declaró que las disposiciones del Conveniono eran aplicables a los hechos referidos debido alprincipio de irretroactividad de la ley. El Gobierno señalóque tanto la Constitución como la Ley de Hidrocarburosreflejan su preocupación por salvaguardar los derechosde los pueblos indígenas, y que se habían establecidocontribuciones económicas y otros beneficios paracompensar daños ocasionales causados al medioambiente por las compañías petroleras.Por otra parte, el Gobierno indicó que consideraba que losproyectos de exploración y explotación de hidrocarburosson motores de crecimiento económico y por lo tantoviii. Recursos naturales109
obedecen al interés de desarrollo nacional. Manifestó supreocupación por el hecho de que en la región amazónicadel país se encuentra la mayor población indígena, asícomo el mayor potencial hidrocarburífero, un recursoque pertenece al patrimonio del Estado. El Gobiernoseñaló asimismo que los acuerdos de cooperaciónsuscritos entre Arco y tres asociaciones de la FIPSEhabían quedado insubsistentes porque otras asociacionespertenecientes a la FIPSE los habían desaprobado.En su respuesta, el Comité Tripartito de la OIT observóque la legislación nacional en muchos países estableceque los derechos sobre los recursos del subsuelopertenecen al patrimonio del Estado. El Convenioreconoce este principio jurídico, y “establece además unaobligación al administrar dichos recursos: la obligación delEstado de consultar con los pueblos indígenas y tribalesque pudieran ser afectados antes de autorizar actividadesde exploración y explotación de los recursos del subsueloubicados en territorios indígenas”.El Comité afirmó que las disposiciones del Conveniono pueden ser aplicadas retroactivamente, aunqueconsideraba que ciertos hechos señalados en lareclamación conciernen a actividades que se han llevadoa cabo después de que el Convenio entrase en vigor enEcuador el 15 de mayo de 1999. Si bien al momento detomar la decisión de firmar el contrato de participaciónentre la compañía y el Gobierno, el Convenio núm. 169todavía no había sido ratificado, el Comité observó que “lasituación creada por la firma de dicho contrato persistehasta la fecha. Además, la obligación de consultar con lospueblos interesados no es aplicable sólo a la celebraciónde contratos sino que surge de manera general enel contexto de la aplicación de las disposiciones delConvenio”.El Comité consideró que “el espíritu de consulta yparticipación constituye la piedra angular del Convenionúm. 169 en la que se fundamentan todas lasdisposiciones del mismo”.El Comité subrayó que es plenamente consciente de“las dificultades que entraña la solución de los conflictosrelativos a los derechos sobre la tierra, incluyendo losderechos relativos a la exploración y explotación de losproductos del subsuelo, particularmente cuando estánen juego intereses y puntos de vista distintos como losintereses económicos y de desarrollo que representan losyacimientos de hidrocarburos y los intereses culturales,espirituales, sociales y económicos de los pueblosindígenas asentados en las zonas donde se encuentrandichos yacimientos”.El Comité consideró que “el concepto de la consulta a lascomunidades indígenas que pueden resultar afectadascon motivo de la exploración o explotación de losrecursos naturales comporta el establecimiento de undiálogo genuino entre ambas partes caracterizado porla comunicación y el entendimiento, el respeto mutuoy la buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un110 LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN LA PRÁCTICA - UNA GUÍA SOBRE EL CONVENIO NÚM. 169 DE LA OIT
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