Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica

mejor el Convenio núm. 169, en particular los órganosresponsables de la acción coordinada y sistemática(artículos 2 y 33 del Convenio), y los encargados de losasuntos de consulta, participación y representatividad.En este contexto, se constituyó un Consejo deParticipación Indígena, cuyo mandato incluía garantizarla participación de los pueblos indígenas en la alineaciónde la legislación interna con el Convenio núm. 169.Asimismo, el CPI estableció una mesa de coordinaciónde representantes constituida con una base regional.En una segunda etapa, se conformará un Consejode Coordinación, integrado por representantes de losMinisterios del Interior, Economía, Trabajo, Educacióny Justicia, de las provincias y de los pueblos indígenaspara supervisar el Registro Nacional de ComunidadesIndígenas, identificar problemas y establecer prioridadespara resolverlos, y establecer un programa de actividadesdel Instituto Nacional del Indígena (INAI) a mediano y largoplazo.La Comisión de Expertos notó con interés que elGobierno está estableciendo las bases institucionalespara la aplicación coordinada y sistemática del Convenio,y espera que el Gobierno continúe con sus esfuerzosde fortalecer estos organismos para ampliar la baseinstitucional a los fines de la participación de los pueblosindígenas en las políticas públicas que los afectan, deacuerdo con los artículos 2 y 33 del Convenio.En cuanto al federalismo, la Comisión de Expertos tomónota de que el “Gobierno se refiere a las dificultadesencontradas para aplicar algunas disposiciones delConvenio, que son fundamentales, tales como tierras yrecursos naturales, debido a que la profundización delfederalismo que tuvo lugar con la reforma constitucionalde 1994, deja a la competencia de las provincias estostemas”. La Comisión tomó nota de que se prioriza lanecesidad de establecer la competencia federal paraaquellas materias que tienen como sujetos a comunidadesy pueblos indígenas. La Constitución de la RepúblicaArgentina prevé la concurrencia de las provincias en eldictado de legislación y que, en ese sentido, se entiendeque las provincias pueden concurrir en el desarrollojurídico del derecho de los pueblos y comunidadesindígenas, siempre sobre el reconocimiento del núcleomínimo de derechos que establece la ConstituciónNacional. En este contexto, cabe tener presente que, enla legislación argentina, los tratados internacionales (comoel Convenio núm. 169) tienen jerarquía superior a las leyesnacionales (Constitución, arts. 31 y 75, inciso 22).La Comisión expresó su esperanza de que el GobiernoNacional despliegue los esfuerzos necesarios paradifundir los derechos del Convenio ante los gobiernos ylegislaturas provinciales, y que haga uso de las facultadesconcurrentes, a fin de garantizar que las legislaturasprovinciales desarrollen su legislación de conformidad conel Convenio.Comisión de Expertos, 77. a sesión, 2006, Observación,Argentina, publicación 2007; 79. a sesión, 2008,Argentina, publicación 2009; Consejo de Administración,Reclamación, 2008, GB. 303/19/7.3.6. Aplicación práctica: Responsabilidadesde los gobiernos3.6.1. Acción coordinada y sistemáticaGrupo de trabajo de Nepal para la implementacióndel Convenio núm. 169Nepal ratificó el Convenio núm. 169 de la OIT en 2007 yestableció un Grupo de Trabajo gubernamental de altonivel para revisar los programas y las políticas existentesdel gobierno y preparar un plan integral para implementarel Convenio. El Grupo de Trabajo quedó conformadopor representantes de 15 ministerios relevantes yrepresentantes indígenas de la Fundación Nacional parael Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas (NFDIN)y la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal(NEFIN).Los objetivos principales del Grupo de Trabajo son lossiguientes:(a) Identificar claramente las responsabilidades delgobierno sobre la base de las disposiciones delConvenio;(b) Identificar claramente las disposiciones delConvenio que han sido implementadas por elgobierno;(c) Desarrollar y presentar un Plan de Accióndetallado que identifique las actividades aimplementarse con miras a la reforma de asuntoslegales, administrativos y de política y mientrasse formula este plan, se tendrán en cuenta lasprioridades determinadas por las nacionalidadesindígenas y la capacidad del Gobierno;(d) Aportar recomendaciones sobre la creaciónde un mecanismo necesario para coordinar lasactividades de implementación en los ámbitoslocal y central.iii. Responsabilidades de los gobiernos39