Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica

ofensas, en la medida en que dichos métodos seancompatibles con el sistema jurídico nacional y con losderechos humanos internacionalmente reconocidos.Esto significa que los métodos de sanción tradicionalesque violan los derechos humanos individuales no quedanlegitimados en virtud de esta disposición. El otro criterioque menciona el artículo 9(1) (la compatibilidad con elsistema jurídico nacional), no se limita a la cuestión de lacompatibilidad jurídica sustantiva sino que se extiende ala compatibilidad integral con el sistema de administraciónde justicia del país en cuestión.Muchos pueblos indígenas continúan aplicando susmétodos tradicionales para sancionar los delitos menorescometidos por sus miembros, sin que el estado interfieraen ello, mientras que para la sanción de delitos másgraves sí se observan los procedimientos jurídicosnacionales correspondientes. Sin embargo, en los casosen los que se aplican los procedimientos legales generalesen respuesta a delitos cometidos por individuos indígenas,las autoridades y tribunales que lleven adelante dichoscasos también deberán tener en cuenta las costumbresdel pueblo indígena en cuestión (Artículo 9(2); cf.Henriksen 2008).6.3. Acceso a la justiciaLa posición de marginación de los pueblos indígenas serefleja con frecuencia en su limitado acceso a la justicia.No sólo corren el riesgo particular de ser víctimas decorrupción, explotación sexual y económica, violacionesde los derechos fundamentales del trabajo, violencia, etc.,sino que también cuentan con escasas posibilidades deobtener una reparación judicial. En muchos casos, lospueblos indígenas no están familiarizados con las leyesnacionales o con el sistema jurídico nacional ni cuentancon el contexto educativo ni los medios económicos quepuedan garantizarles el acceso a la justicia. Por lo general,tampoco hablan ni leen el lenguaje oficial que se empleaen los procedimientos legales, por lo que pueden sentirseconfundidos en la cortes, audiencias o tribunales. Paraabordar esta situación, el artículo 12 del Convenio estipulaque los pueblos indígenas deben tener acceso al uso delsistema jurídico para que pueda asegurarse la aplicaciónde los derechos que les fueron garantizados. Asimismo,establece que, si fuere necesario, los pueblos indígenaspodrán contar con intérpretes en las cortes y en otrosprocedimientos legales. Esta última disposición tiene porobjeto garantizar que puedan comprender lo que estásucediendo y, además, que puedan hacerse entender.Con frecuencia, el mayor porcentaje de presosy muertos detenidos pertenece a miembros delos pueblos indígenas. En Australia, entre 1980y 1997, por lo menos 220 aborígenes murierondurante su detención. Siendo sólo el 1,4% de lapoblación adulta, los aborígenes representabanmás del 25 % del total de muertes ocurridas enprisión, generalmente debidas a malas condicionesde detención, problemas de salud y suicidios, entreotras causas. Esto subraya la necesidad de quelos jueces, tribunales y administradores nacionalesse esfuercen por encontrar formas alternativas desanción cuando se juzga a ofensores indígenas otribales. 3)Convenio núm. 169Artículo 12Los pueblos interesados deberán tener proteccióncontra la violación de sus derechos, y poderiniciar procedimientos legales, sea personalmenteo bien por conducto de sus organismosrepresentativos, para asegurar el respeto efectivode tales derechos. Deberán tomarse medidas paragarantizar que los miembros de dichos pueblospuedan comprender y hacerse comprender enprocedimientos legales, facilitándoles, si fuerenecesario, intérpretes u otros medios eficaces.3) ILO Convention No. 169: A Manual, ILO, 2003.84 LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN LA PRÁCTICA - UNA GUÍA SOBRE EL CONVENIO NÚM. 169 DE LA OIT