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Marco Jurídico de la Educación en Panamá
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Mgtr. Andrés Sue González
REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DECRETO NÚMERO 135
(10 de abril de 1972)
“Por medio del cual se Reglamenta el Funcionamiento de las Asociaciones Estudiantiles.”
LA JUNTA PROVISIONAL DEL GOBIERNO
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Artículo 194 de la Ley Nº 57 Orgánica de Educación, el Órgano Ejecutivo está
facultado para reglamentar el funcionamiento de las Asociaciones Estudiantiles.
Que es necesario establecer normas que regulen el funcionamiento de estas organizaciones a fin de que
las mismas cumplan los propósitos que han motivado su creación.
Que esa reglamentación debe dejar claramente establecidas relaciones de todas las organizaciones
estudiantiles con la Dirección de¡ plantel y con la Dirección de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de
Educación, de modo que dispongan de la libertad indispensable que les permita habilitarse para su
participación en la vida democrática de la comunidad y del país y que, al mismo tiempo, la Dirección y los
profesores puedan ejercer su función de guía y orientación necesarias en planteles que forman
adolescentes.
Que, para el desarrollo político y social de la Nación Panameña, es necesario y conveniente la
participación organizada de todas las fuerzas sociales que positivamente puedan contribuir al progreso
del país.
Que, en la medida en que se fomente y aproveche la actividad creadora de las organizaciones cívicas y
sociales del país, se fortalecerían las bases de la nacionalidad panameña y de la democracia y solidaridad
humana.
Que la Federación de Estudiantes de Panamá se ha distinguido en la defensa de los intereses nacionales,
y en el logro de un Estado verdaderamente soberano y democrático.
Que la educación panameña es democrática y en atención a este principio exige la participación de los
estudiantes en todas las actividades propias de su condición, de manera que organizadamente den
expresión a sus inquietudes intelectuales, culturales y cívicas, para que así alcancen a proyectarse hacia
toda la comunidad y robustezcan su potencialidad de una manera integral.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Se garantiza el derecho de asociación a todos los estudiantes pertenecientes a las
escuelas, colegios e institutos oficiales de enseñanza secundaria, de manera que puedan constituir y
formar libremente organizaciones y asociaciones estudiantiles de carácter científico, artístico, cultural,
deportivo, social y cívico.
ARTÍCULO SEGUNDO: Las organizaciones y asociaciones estudiantiles existentes o que se constituyan
en el futuro, para poder funcionar, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Contar con estatutos y reglamentos internos. El estatuto y el reglamento interno deberán
presentarse, en primera instancia, ante la Dirección del colegio respectivo para su conocimiento. La
Dirección del colegio deberá impartirles su aprobación y formularles las observaciones que
considere pertinentes. En caso de objeciones, las mismas deberán ser puestas en conocimiento de
los estudiantes. De no llegar a un acuerdo la organización estudiantil y la Dirección del plantel, los
proyectos de estatuto y reglamento interno, así como las observaciones formuladas, se elevarán a
la consideración de la Dirección de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación, para que
decida, en definitivo, en un plazo no mayor de 8 días, la situación planteada.
b) Los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones y asociaciones estudiantiles deberán
ajustarse en todo momento, a lo que dispone el reglamento general del colegio y deben estar
concebidos dentro de los términos y principios que regulan la convivencia y el funcionamiento
democrático de los individuos y las instituciones nacionales, conforme lo prescriben la Constitución
y las Leyes de la República.
c) Las decisiones de las organizaciones y asociaciones estudiantiles deberán ser puestas en
conocimiento de la Dirección del plantel en la debida antelación a la realización de las mismas.
ARTÍCULO TERCERO: La Dirección del colegio contará con un plazo no mayor de una semana para
estudiar los proyectos de estatutos y reglamentos internos sometidos a su consideración.