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Marco Jurídico de la Educación en Panamá
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Mgtr. Andrés Sue González
REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELTO No. 1338
(16 de abril de 2010)
Publicado en la Gaceta Oficial No. 26,664 de 19 de noviembre de 2010.
“Por el cual se adoptan disposiciones provisionales relativas a la Fiscalización de Fondos,
Recursos y Bienes Públicos del Ministerio de Educación.”
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
En uso de sus facultades constitucionales y legales y,
CONSIDERANDO:
Que es función del Ministerio de Educación administrar y dirigir la política educativa nacional.
Que mediante Resolución Núm.- 225-DGF del 16 de marzo de 2010, la Contraloría General de la
República resolvió exceptuar del control previo los actos de manejo de fondos, recursos y bienes públicos
del Ministerio de Educación, a partir del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011.
Que el artículo segundo de la Resolución Núm. 225-DGF del 16 de marzo de 2010 de la Contraloría
General de la República establece que el Ministerio de Educación deberá rendir cuentas y será
responsable de que los actos de manejo de fondos, recursos y bienes públicos de la Institución se
efectúen con corrección y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al
momento de su realización.
Que el artículo tercero de la mencionada resolución recomienda al Ministerio de Educación “mantener
unidades dentro de la estructura organizacional de la entidad que fiscalicen que los actos de manejo de
fondos, recursos y bienes públicos de la institución, se efectúen con corrección y de conformidad con las
disposiciones vigentes;…”.
Que en ausencia del control previo y para dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Núm.- 225-
DGF del 16 de marzo de 2010 de la Contraloría General de la República el Ministerio de Educación debe
adoptar una serie de medidas administrativas, legales y financieras dirigidas a garantizar que el manejo
de sus fondos, recursos y bienes públicos se realice con corrección y en observancia del ordenamiento
jurídico, por tanto;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer que todos y cada uno de los funcionarios del Ministerio de Educación
deberá asumir con responsabilidad, honestidad, diligencia y corrección el cargo público y las funciones a
ellos asignadas. Dicha responsabilidad alcanza al Ministro, Viceministros, Secretario, Directores
Nacionales, Directores Regionales, Directores de Centros Educativos, Jefes de Departamentos y Oficinas,
Abogados, Técnicos, Docentes, Coordinadores de Proyectos, Supervisores, Inspectores de obra y demás
funcionarios de apoyo en general y estará limitada a lo estipulado en el Manual de Organización y
Funciones del Ministerio y cualquier otro documento que expresamente indique responsabilidades o
asigne funciones de un cargo. No podrá exigirse a un funcionario responsabilidad por una tarea labor
supervisión o función no asignada expresamente a su cargo en la ley, los reglamentos el Manual de
Organización y Funciones, el Manual de Cargos ocupacionales u otro documento formal que emita un
superior.
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer que cada funcionario del Ministerio de Educación es responsable por el
buen manejo y administración oportuna de los trámites que le correspondan según su cargo o le fueren
asignados por escrito. Por tanto, es su deber asegurar que -en lo que le fuere asignado y según su
experticia- el trámite administrativo cumpla con los requerimientos pre-establecidos expresa y
únicamente para la etapa procesal que le corresponda.
ARTÍCULO TERCERO. Adoptar el formulario denominado “Certificación del Procedimiento
Administrativo-Financiero” (anexo 1) en el cual, cada unidad administrativa antes de pasar el trámite a la
siguiente etapa, certificará que se ha cumplido con los requisitos administrativos establecidos en las
disposiciones vigentes que le corresponde revisar a la Dirección, oficina o departamento de que es trate.
La responsabilidad del funcionario que certifica estará limitada a los aspectos legales técnicos, financieros
y de cualesquier otra naturaleza que le corresponda revisar exclusivamente a dicha unidad administrativa
no siéndole imputables errores u omisiones en el trámite que correspondan a otra unidad y que hubieren
sido certificados previamente por otros funcionarios. Cada unidad administrativa podrá adaptar el formato
propuesto a sus necesidades siempre y cuando no altere la esencia de la certificación.