marco_marco_juridico

Marco Jurídico de la Educación en Panamá
312
Mgtr. Andrés Sue González
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEY No. 55
(30 de julio de 2003)
Publicada en la Gaceta Oficial No. 24,857 de 1 de agosto de 2003.
“Que Reorganiza el Sistema Penitenciario”
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y OBJETIVOS
ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene como finalidad reorganizar el Sistema Penitenciario panameño
entendido éste como el conjunto organizado, funcional y estructurado de elementos normativos técnicos
y, científicos que definen la naturaleza de los centros penitenciarios. Este Sistema se fundamenta en los
principios de seguridad rehabilitación y, defensa social consagrados en el artículo 28 de la Constitución
Política.
ARTÍCULO 2. Esta Ley tiene como objetivo general establecer los principios que regularán la
organización, administración., dirección y funcionamiento del servicio público penitenciario y el
tratamiento especializado de la población penitenciaria, sobre la base del respeto a los derechos humanos
y de los lineamientos científicos y modernos en materia criminológica penitenciaria, de seguridad y
administrativa,
ARTÍCULO 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por privado o privada de libertad la
persona sujeta a custodia en cualquiera de los centros penitenciarios del país por mandato de autoridad
competente.
ARTÍCULO 4. Será principio rector de toda actividad penitenciaria el antecedente que el privado o la
privada de libertad se encuentra en tina relación de derecho público con el Estado, de manera que, fuera
de los derechos suspendidos o limitados por el acto jurisdiccional que le priva de libertad, su condición
jurídica es idéntica a la de las personas libres.
La administración penitenciaria garantizará la realización efectiva de los derechos humanos compatibles
con la condición del privado o la privada de libertad.
CAPÍTULO III
EDUCACIÓN
ARTÍCULO 54. En cada centro penitenciario se realizarán programas y actividades para la educación
formal y no formal de las personas privadas de libertad, en coordinación con el Ministerio de Educación,
el Instituto Nacional de Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y las
universidades Los sistemas educativos y de formación profesional gubernamentales y no
gubernamentales garantizarán el desarrollo de estos programas, los cuales se ajustarán a las necesidades
del privado o de la privada de libertad y del régimen penitenciario.
Los oficios que se enseñen deberán ser concordantes con el interés de los privados o las de libertad y las
necesidades del mercado laboral nacional,
Las personas privadas de libertad preventivamente gozarán de este derecho que será implementado o
autorizado por la Junta Técnica.