Informe

Ética en las entidades estatales con el propósito de promover una conducta ética de los
servidores públicos, disminuir los márgenes de acciones de corrupción en la función
pública y desarrollar una conciencia de servicio públicos en los funcionarios de todo
nivel de la administración pública.
• En el año 2005 se ha iniciado de manera experimental la actividad supervisora de la
Superintendencia del Servicio Civil, tarea que a diferencia de las auditorias
gubernamentales, tiende a cooperar a las entidades públicas en el mejoramiento del
manejo del Sistema de Administración de Personal y el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Estatuto del Funcionario Público en sus distintos regímenes ya enunciados
anteriormente.
Tareas a Futuro
• Aprobación de un Código de Ética Modelo para que sea implantado en las distintas
entidades públicas, con las variantes propias de la naturaleza de las mismas.
• Ampliación del número de supervisiones de los distintos regímenes del Estatuto de
Funcionario Público
• Presentación de un proyecto de Decreto Supremo al Poder Ejecutivo para el levantamiento
de la suspensión que pesa sobre el Decreto Supremo 26740 mencionado, complementando
esa pretensión con la presentación de un proyecto de Decreto Supremo que apruebe un
Reglamento de Impugnaciones en el Régimen Laboral del Estatuto del Funcionario Público.
• Establecimiento de las bases para prestar servicios a los Gobiernos Municipales en la
medida en que estos así lo decidan, para la supervisión de su régimen de Carrera Municipal
y para la resolución de los recursos jerárquicos derivados de la implantación de dicho
régimen.
• Aprobación del Reglamento de Presentes y Obsequios en la Función Pública y de otras
disposiciones reglamentarias destinadas a garantizar la aplicación plena del Estatuto del
Funcionario Público
• Difusión de la normativa específica de la función pública en el Sistema Universitario
Boliviano, Empresa Privada y otras organizaciones no necesariamente públicas que tengan
relación con la Administración del Estado.
• Consolidación de la jurisprudencia administrativa generada a través de la resolución de
recursos jerárquicos con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el
Tribunal Constitucional.
• Presentación de una plataforma de disposiciones de rango constitucional para su
consideración en la Asamblea Constituyente, con el propósito de establecer un Régimen
Constitucional de la Función Pública.
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