Untitled - Wuala

-Parece que Kirchner se había "olvidado" de declarar trece millones de
pesos en créditos a su favor -reveló una fuente muy cercana a la fiscalización del
contribuyente más importante de la Argentina.
La fuente explicó que esos créditos figuraban como deudas en las
presentaciones de sus amigos.
Pero los poderosos Manzanares, Curien y Sartal, ¿no podían evitar que se
continuara investigando la fortuna del primer ciudadano Néstor Carlos Kirchner?
No podían. El caso ya estaba cargado en el denominado SEFI.
El SEFI (Seguimiento de Fiscalización Impositiva) es un sistema informático
que incluye a todos los contribuyentes del país. Se creó en 2005 y lo administra la
Dirección de Programas y Normas de Fiscalización. El SEFI controla las bases de
datos económicos e impositivos de todos los contribuyentes de la Argentina. Es
como el ADN tributario de cada individuo o empresa. En el SEFI queda registrada la
historia de todas las fiscalizaciones. Aparece todo. Desde el nombre de los
funcionarios que la inician, las fechas, los informes, las denuncias penales, las
actuaciones de oficio, las multas y los cobros. También la evolución de cada
fortuna.
Los datos que se cargan en el SEFI son inmodificables. Por eso, una vez
iniciada, ninguna investigación puede ser interrumpida.
Manzanares, Curien y Sartal no pudieron detenerla, pero arreglaron que la
fiscalización continuara en una división que se denomina "preventiva". Es un área
cuya capacidad de investigar es casi nula y que no se ocupa de los casos de alta
complejidad. De manera que le encargaron el asunto a la jefa de División
Fiscalización Número Uno de la Regional Comodoro, la contadora Graciela Angla.
-A partir de esa decisión no hubo ninguna posibilidad de hacer un
seguimiento riguroso -reveló un inspector que trabajó en los detalles del caso.
Después de la cumbre en la oficina de su contador, Kirchner suspiró
aliviado.
No tendría más problemas.
O mejor dicho: no los tendría hasta dos días después de la primera derrota
electoral de su vida.
Fue el martes 30 de junio de 2009, después del mediodía.
En el instante en que la Presidente le puso la firma a la declaración de
bienes de 2008 para presentarla ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Néstor y Cristina sabían que no podían evitarlo.
Por la Ley de Acceso a la Información Pública, cualquier ciudadano puede
pedir y obtener esos datos sensibles. Y organismos como la OA tienen la obligación
de entregarlos. El primero que los pidió y los publicó fue el periodista Gabriel Sued,
de La Nación.
La noticia explotó como una bomba en los medios nacionales y dio la
vuelta al mundo en tiempo real.
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