Untitled - Wuala

* Que se había cometido un delito al otorgarle un contrato de
agente financiero a un banco sin licitación pública.
* Que la entrega del banco a los Eskenazi podía ser interpretada
como un pago de favores, ya que la familia había puesto 125.000
pesos en la campaña de Rafael Bielsa como candidato a jefe de
Gobierno porteño.
* Que la fiscal de Estado Claudia Mizawak resultaba cómplice de la
entrega de Busti al no hacer lugar a la demanda. Mizawak había
sido abogada del gobernador en causas penales anteriores
impulsadas por el fiscal de Investigaciones Administrativas de
Entre Ríos. La más seria era la entrega irregular de ATN.
* Que el costo financiero del nuevo agente era varias veces
superior al que había antes del traspaso.
-El contrato del agente financiero anterior nunca pasaba los 250.000 pesos
más IVA por mes. El de los Eskenazi se estipuló en ochocientos mil pesos más IVA
-recordó Mainez, en conversación con el autor de este libro.
El entonces legislador provincial había asistido a una reunión técnica antes
de la entrega. Allí Diego Valiero, el ministro de Economía de entonces, se
vanaglorió, delante del propio Enrique Eskenazi, de lograr una rebaja de
cuatrocientos mil pesos:
-Acá el amigo pretendía cobrar un 1.400.000 pesos, pero al final nos
pusimos de acuerdo en ochocientos.
Cuatro años después, en agosto de 2009, el agente financiero Eskenazi ya
le cobraba a la provincia dos millones de pesos por mes.
Mainez y Grilli también denunciaron la aplicación, por parte del Nuevo
Banco de Entre Ríos, de un código de descuento sobre el recibo de sueldo de los
agentes públicos.
-Es un negocio clásico y redondo. El banco no te da la posibilidad de no
pagar las cuotas del crédito. Te las van descontando mes tras mes de tu recibo de
sueldo.
Además de la sospechada incorporación a YPF, la cercanía a Kirchner y sus
vínculos con Corach, Dromi y Jassan, los Eskenazi fueron acusados por la Justicia
de utilizar facturas apócrifas para el presunto pago de coimas.
Fue en mayo de 2007, cuando la Cámara Federal porteña resolvió que seis
jueces distintos investigaran a doce constructoras involucradas en esos delitos.
La causa que involucra a Petersen, Thiele & Cruz cayó en el mismo juzgado
que investiga por las mismas razones a Gotti SA, la empresa vinculada con Lázaro
Báez, a su vez mencionado como testaferro del propio Kirchner.
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