Untitled - Wuala

Pero eso no es todo.
Porque el socio de Kirchner también compró otra estancia en la frontera
con Chile, en la zona de Río Turbio. Se llama La Verdadera Argentina. Tiene catorce
mil hectáreas y Mariana Zuvic calculó que pagó por ellas 2.300.000 dólares.
La novela de las estancias podría tener un final infeliz. Según la dirigente
de la Coalición Cívica, Lázaro habría tenido problemas para pagar La Verdadera
Argentina, porque el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, no le abona los
certificados de obra con la precisión y la velocidad con que lo hacía Kirchner.
-A una de las estancias la pagó cinco millones y medio de dólares, al
contado -reveló Zuvic ante una pregunta del autor de este libro.
-Semejante operación, ¿no debería estar bancarizada? -se le preguntó.
-Claro. Porque Lázaro no solo pagó al contado. También le ofreció al
comprador un avión privado para viajar con el dinero y depositarlo en Buenos Aires.
Si estuviéramos en un país serio, con un gobierno honesto, el responsable de la
AFIP debería haber iniciado una investigación.
La verdad es que, hasta no hace mucho, la AFIP había puesto a Báez en la
mira.
Fue cuando todavía no había sido copada por incondicionales a Kirchner, y
sus investigadores más serios probaron que tres de sus constructoras, Gotti,
Austral y Badial, entre otras, habían usado facturas apócrifas por más de quinientos
millones de pesos.
Se trataba de facturas emitidas por empresas fantasmas y utilizadas por
las compañías de Lázaro para evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
—Además de la evasión, suponemos que las facturas truchas también
fueron usadas para disimular las coimas que habrían pagado a funcionarios, como
agradecimiento por la cesión de alguna obra pública -contó al autor de este libro
uno de los impulsores de la compleja investigación.
La búsqueda del delito se inició en 2004, cuando Alberto Abad, entonces
número uno de la AFIP, ordenó a sus muchachos que enviaran a la justicia penal
todas las denuncias contra las empresas que habían emitido facturas truchas.
Abad, quien nunca había sido pingüino, dejó a las firmas vinculadas a
Kirchner patas para arriba.
-Una vez que las girás a la Justicia, no hay padrino político que pueda
salvarte -explicó uno de los cuadros que participó de las inspecciones.
El 17 de agosto de 2007, el subdirector de Investigaciones de la Dirección
General Impositiva (DGI), Jaime Mecikovsky, concluyó la compleja investigación de
tres años. Sus hombres, provenientes de catorce direcciones regionales, analizaron
5.700 facturas de cien proveedores distintos. La conclusión fue lapidaria: entre
2003 y 2007 los reyes de la obra pública habían evadido quinientos millones de
pesos.
Y de ese total, la primera en el ranking era nada menos que Gotti SA.
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