Untitled - Wuala

Para reemplazar a Chevallier Boutell, Moroni tuvo que dejar un trabajo muy
importante: el de asesor de Lua-La Porteña, compañía de seguros, la empresa de
los Cirigliano.
La designación de Moroni hizo que Lua-La Porteña pudiera seguir con el
negocio un año más.
Pero el día 20 de enero de 2003, cuando Cavallo y De la Rúa se habían ido
y Duhalde gobernaba como podía, el subsecretario de Servicios Financieros de la
Superintendencia de Seguros, Hugo Medina, les bajó definitivamente el pulgar.
Medina prohibió a Lua-La Porteña firmar nuevos contratos de seguros y
dispuso la inhibición de todos los bienes de la empresa. En los considerandos de la
resolución, Medina escribió:
* Que Lua-La Porteña esgrimió excusas infantiles para no
mostrarle al organismo de control carpetas de los siniestros. ("Se
nos perdieron y no las podemos encontrar", dijeron más de una
vez.)
* Que omitieron informar sobre los embargos judiciales que
afectaban a los inmuebles de la compañía.
* Que emitieron 1.241 cheques por la suma de más de 2.600.000
dólares y que habían sido rechazados por falta de fondos.
La aseguradora Lua-La Porteña dejó de operar en diciembre de 2003.
Detrás de este desbarajuste quedaron todavía más de cuatro mil juicios sin pagar.
En enero de 2007, Pablo Jacoby, abogado de los damnificados que no
cobraron su seguro, explicó de qué se trata este enredo de liquidaciones y pases de
marcas y empresas:
-Las aseguradoras, cuando empezaban a tener problemas por la alta
siniestralidad y los juicios en contra, se presentaban en liquidación y, al mismo
tiempo, transferían su principal activo, su cartera de clientes, a otra empresa
nueva, transformada. Es decir: con el mismo nombre pero con forma de sociedad
anónima. Entonces, la vieja empresa entraba en liquidación y la nueva se quedaba
con el mejor activo, los clientes. Y en el medio dejaban un tendal de deudas y
juicios.
Por esa razón, poco después, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a los
hermanos Carlos Miguel Fucito y Eduardo Ernesto Fucito, directivos de Omega, y a
Ignacio Warnes, entonces superintendente de Seguros de la Nación.
Canicoba los acusó de presentar un balance irregular, donde no figuraba
una deuda de seis millones de dólares.
También dedujo que tanto los directivos de Lua-La Porteña como los de
Omega sabían que estaban cometiendo una irregularidad.
Sin embargo, a Mario Cirigliano, el magistrado le dictó la falta de mérito.
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