Untitled - Wuala

Conarpesa había sido el primer gran escándalo de la administración K.
El 3 de febrero de 2004 la directora regional de Río Gallegos, Beatriz
Carballal, la había denunciado por evasión fiscal. En una nota interna de la AFIP,
Carballal afirmó que Conarpesa habría obtenido divisas de manera irregular por casi
medio millón de dólares. La pesquera habría cobrado reembolsos al "inflar"
importaciones que en verdad no había realizado.
Antes de terminar el mes, Carballal fue desplazada.
La reemplazó Ricardo Echegaray, quien en 2004 asumiría en la Aduana
para terminar aterrizando el 9 de abril de 2008 como máximo responsable de la
AFIP
El 4 de marzo del mismo 2004, Elisa Carrió presentó un informe sobre la
financiación de la campaña presidencial.
En ese documento denunció que Conarpesa había financiado la campaña de
Kirchner y que, no solo estaba siendo investigada por evasión, sino también por
narcotráfico, en relación con la denominada "Operación Langostino". Además
sugirió que la denuncia por evasión y narcotráfico había sido uno de los motivos por
los que habrían asesinado a un ex socio de la pesquera, Raúl "Cacho" Espinosa.
Al colocar las carpetas sobre el escritorio presidencial, Abad preguntó:
-Vamos para adelante, ¿no?
-Vamos para adelante, sin ninguna duda -contestó el Presidente.
Meses más tarde, Abad volvió a probar al jefe de Estado. ¿Cómo lo hizo?
Sin preguntar ni pedir permiso, mandó a la justicia penal a las primeras empresas a
las que les encontraron facturas apócrifas. La causa madre se llama "De Biase y
otros" y arrancó en 2005.
-Esa fue la gran jugada de Alberto. Porque, una vez que las actuaciones de
la AFIP pasan a la Justicia, ya nadie puede pararlas desde el poder político -explicó
un ex colaborador de Abad.
Las facturas apócrifas, o "truchas", son recibos falsos emitidos por
empresas fantasma. Esas empresas "venden" las facturas a otras compañías que
necesitan "inventar" pagos de servicios para que les cierren las cuentas. En el caso
Skanska se probó la emisión de facturas truchas para disimular el pago de coimas
para la construcción de un gasoducto. La propia constructora sueca admitió los
sobornos.
En mayo de 2007, el director de la regional Comodoro Rivadavia de la
AFIP, Norman Williams, inició una seria investigación por el uso de facturas
apócrifas de empresas vinculadas con la obra pública.
Williams lo hizo bajo la supervisión y el impulso de su jefe directo, el
subdirector nacional de Operaciones Impositivas, Jaime Mecikovsky. A su vez
Mecikovsky puso al tanto a su superior, el titular de la Dirección General Impositiva
(DGI), Horacio Castagnola. Y Castagnola hizo lo propio con Alberto Abad.
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