Untitled - Wuala

Con 52 años, Documento Nacional de Identidad 13.178.794, separado, un
hijo, deudor irrecuperable del Banco Patagonia, nombrado como "El Señor de los
Peajes" por haber manejado la caja del Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), íntimo de Rudy Ulloa y recaudador junto a este durante la campaña de
Kirchner en 2003, Uberti fue desplazado del gobierno cuando la Justicia lo imputó
por el escándalo de la valija de Antonini Wilson.
-A mí no me joden. Si no les gusta, chúpenle la pija a Julio De Vido -habría
gritado Uberti, según dos testigos presenciales de aquella madrugada del sábado 4
de agosto de 2007, en que la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria María
del Luján Telpuk lo detuvo junto a seis personas más en la zona militar del
Aeroparque.
Pero los ochocientos mil dólares encontrados en la valija parecen un vuelto
comparados con el incremento de presupuesto que el jefe de Estado le autorizó a
Uberti desde que este asumió en el OCCOVI.
Uberti fue designado por Kirchner sin contar con los requisitos de idoneidad
necesarios para ejercer la función. No tenía ni la mínima experiencia en la materia.
En 2003, el organismo disponía de ocho millones de pesos. En 2007 ya
había trepado a 406 millones. Es decir: un aumento del 6.600 por ciento.
La razón de semejante metamorfosis: el Presidente, mediante el decreto
1.915 de 2004, convirtió al OCCOVI (hasta entonces un organismo de control) en
un ente con capacidad para contratar trabajos de obra pública.
A principios de 2009, los diputados nacionales por la Coalición Cívica Juan
Carlos Morán, Adrián Pérez, Fabián Peralta y Elsa Quirós acusaron a Uberti, pero
también al secretario de Obras Públicas, José López, y a Julio De Vido, por los
delitos de fraude a la administración y violación de los deberes de funcionario
público.
Lo hicieron en base a las denuncias de la Auditoría General de la Nación
(AGN) y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
Morán y los demás acusaron a Uberti de:
* No controlar a las empresas de peaje.
* Favorecer a las concesionarias en perjuicio del Estado, al
modificar la categoría de los tramos de asfalto que debían
mantener.
* Hacer la vista gorda ante la falta de mantenimiento y así
provocar más accidentes.
* Autorizar un desmesurado aumento en los costos del
mantenimiento, a pesar de que la calidad de la prestación
disminuyó de manera considerable.
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