Untitled - Wuala

El ingeniero recordó que Jaime, en esa oportunidad, se quedó callado,
como si nada tuviera que decir ante semejante conclusión.
Pero el festival de subsidios no empezó con Jaime ni con Kirchner.
El 16 de octubre de 2002, el presidente Duhalde dictó la emergencia
ferroviaria. Con la firma de su ministro de Infraestructura, Aníbal Fernández, y de
su secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, se dispuso:
* El congelamiento de tarifas de colectivos, trenes y subtes.
* El mantenimiento de los salarios de los trabajadores del
transporte.
* El mantenimiento de los puestos de trabajo.
* La ejecución de las obras básicas para que se pudiera seguir
prestando el servicio.
* La distribución de distintos subsidios para compensar el
congelamiento de tarifas y el pago al día de los salarios y las
inversiones mínimas de infraestructura.
La tercera semana de octubre de 2002, Hugo Toledo, asesor presidencial,
anunció la intención de Duhalde de recortar los subsidios al transporte,
provenientes del precio del gasoil, para usar el dinero en obra pública.
Y el 31 del mismo mes, Cirigliano, junto con sindicalistas de peso como
Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y
José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, mostraron su poder de lobby de manera
contundente. Fueron a la Casa de Gobierno y le dejaron al jefe de Gabinete, Alfredo
Atanasof, el siguiente mensaje:
-Dígale a Duhalde que, si se cae el subsidio, se cae todo el sistema de
transporte. Y que, si se paran los trenes, los subtes y los colectivos, se incendia el
país.
Testigos presenciales recordaron que, después de semejante presión, el
Presidente no se tomó ni una hora para decidir. Antes de terminar la reunión le
pidió a Atanasof que llamara a los periodistas de la agencia Diarios y Noticias (DYN)
y les dejara en claro que de ninguna manera habría recortes en los polémicos
subsidios.
No fue el único beneficio que Cirigliano y los demás concesionarios de
trenes y colectivos obtuvieron de Duhalde.
Porque, después de declarar el estado de emergencia en el transporte y
acordar el pago de multas adeudadas que tenían las empresas con el Estado,
debido a las sanciones aplicadas por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte
(CNRT), fueron resarcidos con una fortísima quita sobre los montos originales.
La deuda de todas las concesionarias era de más de 58 millones de pesos,
pero terminaron pagando solo poco más de quince millones de pesos.
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