Untitled - Wuala

Dulce Granados, esposa del actual intendente de Ezeiza, Alejandro
Granados, solicitó 15.000 dólares para la Fundación Dulce Esperanza. El teléfono de
la fundación era el mismo que el del restaurante El Mangrullo.
El entonces intendente municipal de General Lamadrid, Calos Perista, pidió
treinta mil dólares para comprar un colectivo. Su argumento: tenía que trasladar a
veinticinco jóvenes de la localidad de El Líbano hasta su municipio para asistir a un
acto que presidiría Menem.
Al pedir doscientos mil dólares para poner ripio al circuito histórico de las
colonias judías en la provincia de Chaco, los funcionarios propusieron bautizarlo con
el nombre de Carlos Vladimiro Corach.
El caso del municipio de Monte Quemado, en Santiago del Estero, es
desopilante.
Interior había entregado siete millones de dólares para una obra de
infraestructura vial y drenajes pluviales. El diputado provincial Carlos David empezó
a investigar. Y enseguida descubrió que el secretario municipal de Monte Quemado,
Jorge Víctor Torres, había realizado onerosos depósitos bancarios a favor del
sospechoso Roberto Silva Leyes.
"Cada vez que el municipio recibía un ATN, se le transfería dinero a Silva
Leyes", escribió David en su denuncia.
En 1996, el Ministerio del Interior giró a la provincia de Buenos Aires
260.000 dólares para que los usara la Municipalidad de Pilar. No fue para hacer
cloacas. Se los destinó a la ampliación del asfaltado de la calle Los Jazmines, desde
la ruta provincial 26 en dirección al Highland Park, el country donde descansaban
Corach, Dromi y Eskenazi.
Responde un asesor de los Eskenazi:
-Lo del asfalto del Highland es una boludez. Te lo explico sencillo. Los
Eskenazi no tuvieron nada que ver con los ATN. Que alguien nos relacione con esto
es no conocer a la familia Eskenazi.
El 28 de octubre de 1996, el abogado Ricardo Monner Sans denunció al
ministro del Interior Corach por transferir directamente, sin pasar por la
gobernación de la provincia, dos millones y medio de dólares a la Municipalidad de
San Juan.
Monner Sans destacó que San Juan era la provincia más beneficiada por los
ATN, después de La Rioja.
Diego Seguí, entonces concejal radical, radicó la demanda ante el Tribunal
de Cuentas de la provincia.
Además de cuestionar la transferencia directa, Seguí denunció que el
monto adjudicado era exorbitante para la obra en cuestión. Se trataba de la
remodelación de cinco plazas y del Parque de Mayo. Seguí también afirmó que la
licitación había sido "direccionada" para que perdieran todas las empresas que se
presentaron, menos una: Mantenimientos y Servicios SA, del Grupo Petersen.
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