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documento - Defensor del Pueblo

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Recomendación 49/2003, de 25 de marzo, sobre imparticiónde instrucciones a los centros penitenciarios para que se subsanendeterminadas deficiencias, en relación con la práctica de lanotificación de resoluciones administrativas.(BOCG. Cortes Generales. VIII Legislatura. Serie A. Núm. 15,pág. 480.)Se ha recibido su último escrito (s/ref.: S/2410) relativo a la quejaque se tramita en esta Institución con el número de referencia arriba indicado.I. En el curso de la presente investigación se solicitó una copia <strong>del</strong>acuerdo motivado, <strong>del</strong> que trae causa la extinción de la relación laboral<strong>del</strong> recluso y su notificación al mismo. De la lectura <strong>del</strong> <strong>documento</strong> sedesprende que no se cumplen los requisitos mínimos establecidos en laLey 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y <strong>del</strong>Procedimiento Administrativo Común.Como V. I. conoce, el artículo 54 <strong>del</strong> referido texto normativo estableceque los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereseslegítimos serán motivados, con sucinta referencia de hechos yfundamentos de derecho. La fotocopia que nos ha sido remitida, en relacióncon el presente expediente, estimamos que no es una resoluciónpropiamente dicha, en todo caso, parece una notificación que, por lo demás,tampoco cumple los requisitos previstos en el artículo 58 de la Ley30/92 donde se establece que se notificará a los interesados las resolucionesy actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, enlos términos siguientes:«Toda notificación deberá ser cursada dentro <strong>del</strong> plazo de diez díasa partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contenerel texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivoen la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, ór­173

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