documento - Defensor del Pueblo

164/2003 RECOMENDACIONESEl servicio jurídico y, por ende, la Agencia de Protección de Datosparecen asumir como interpretación correcta de la ley, y más concretamentede su artículo 29.2, que los responsables de los ficheros dedicadosa la prestación de informes de solvencia patrimonial y crédito están obligadosúnicamente a notificar a los titulares de los datos registrados ensus ficheros, en el plazo de treinta días desde su fecha de registro, «unareferencia de los que hubiesen sido incluidos» y a informarles «de su derechoa recabar información de la totalidad de ellos». Esta Instituciónconsidera, sin embargo, que esa interpretación del artículo 29.2 de laLey Orgánica 15/1999 es en exceso literalista y que resulta, además, sumamenterestrictiva para los derechos de los titulares de datos personalesincluidos en ficheros cuya finalidad sea la emisión de informes desolvencia patrimonial y de crédito.Ello es así a juicio de esta Institución por varias razones. En primerlugar, porque la Ley Orgánica 15/1999 incluye entre los principios de laprotección de datos, es decir, entre los que deben de considerarse principiosgenerales en esta materia, el derecho a la información de los titularesde los datos registrados, poniendo especial énfasis en la garantíadel derecho a la información de los titulares de datos personales que nohayan sido recabados o proporcionados por ellos mismos. En este caso,la Ley (artículo 5.4) dispone que el interesado ha de ser informado demanera «expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero osu representante (...) del contenido del tratamiento, de la procedencia delos datos así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1del presente artículo, esto es, de la existencia de un fichero o tratamientode datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida deéstos y de los destinatarios de la información; de la posibilidad de ejercitarlos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; y dela identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, desu representante».Si estas previsiones de la Ley deben aplicarse con carácter generala todos aquellos supuestos en que los datos personales no son obtenidoso recabados directamente del titular de los mismos, no se comprendemuy bien por qué los datos relativos al cumplimiento o incumplimientode obligaciones dinerarias —que se obtienen y se tratan sin ser recabadosde su titular sino que son proporcionados por el acreedor o su representante—,hayan de tener un régimen mucho menos exigente, nipor qué el derecho a la información de su titular deba verse limitado. Endefinitiva, no parece razonable interpretar la ley de manera que el derechoa la información, del titular de los datos, y las facultades que estederecho comporta queden sensiblemente reducidos cuando los datosafectan a la solvencia crediticia y patrimonial de su titular y cuando su720