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documento - Defensor del Pueblo

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RECOMENDACIONES 104/2003gencia de las necesidades inmediatas de la población. Tampoco hay referenciasni documentación alguna aportada por el Ministerio de Sanidady Consumo, sobre riesgos para la salud y atención sanitaria, etc. Nohay mención ni valoración de los dos Reales Decretos-Ley 7 y 8/2002,que no por publicados merecen no quedar integrados en el, por lo demás,inexistente informe sumario comprensivo que se esperaba de la VicepresidenciaPrimera, o tal vez <strong>del</strong> Comisionado para las actuaciones derivadasde la catástrofe. Tampoco hay alusiones sobre la actuación y elpapel real de la Comisión Interministerial creada por Real Decreto1230/2002.Sobre la información proporcionada al público, las quejas invocanprincipalmente una minimización tendenciosa de la catástrofe, en susprimeros momentos sobre todo. Se citan varios supuestos que mereceríanuna respuesta de la Administración estatal, en casos análogos a losque afectan a la autonómica, dada la gravedad de la calificación que sobreellos hacen los reclamantes:— el 27/11 se dan consignas a los medios de comunicación públicoscomo p. ej. la de no utilizar la expresión «marea negra». El 17/12el diario alemán Berliner Zeitung dice en editorial que la TV españolatiene en efecto prohibido utilizarla;— el 29/11 la Delegación <strong>del</strong> Gobierno envía un fax a las CapitaníasMarítimas prohibiéndoles dar información a los periodistas;— el 2/12 la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa impide quetres periodistas (dos de ellos <strong>del</strong> diario La Voz de Galicia) embarquenen un pesquero participante en las operaciones de limpieza;se proponían fotografiar la mancha de la isla de Sálvora;— el 6/12 se impone una cláusula de confidencialidad en el contratode alquiler <strong>del</strong> Nautile.Pero esta Institución no encuentra que estos hechos supongan censurani atentados contra la libertad de dar y recibir información veraz.Asunto distinto es que ello pueda ser muestra de una política informativadefectuosa o incompleta, pues es innegable que el peligro fue minimizadoen un principio e incluso se consideró conjurado poco antes deque la marea negra alcanzara la costa.La voluminosa, escasamente estructurada y pretendidamente abrumadoradocumentación remitida por la Administración general <strong>del</strong> Estadoexpresa más bien una suerte de recolección de notas, informes, disposicionesnormativas, faxes, etc., efectuados sin orden ni concierto. Nohay menciones sistemáticas (ni apenas alusiones) sobre el sistema de in­423

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