Estrategia para una nueva industrialización

RECOMENDACIONES
Con el propósito de aprovechar de manera más
eficiente la contratación pública como motor
para el crecimiento empresarial, se proponen
las siguientes líneas de acción:
1. Implementar una estrategia para el aprovechamiento
de las inversiones en obras públicas,
que incluya por lo menos las siguientes
líneas de trabajo: 1.) Generar información de
calidad que permita identificar la demanda
real y específica de los distintos bienes que
se utilizarán en las obras, de manera que sea
posible contrastarla contra la oferta actual
y potencial del sector productivo; 2) Crear
canales de comunicación que permitan el
acercamiento entre la industria nacional y
los desarrolladores de las obras públicas; 3)
Identificar cuellos de botella que dificulten
los encadenamientos y desarrollar acciones
para superarlos; y 4) Promover la aplicación
de la ley 816 de 2013 en todos los procesos de
contratación con recursos públicos.
2. La Ley 816 de 2003 contempla la obligación,
a cargo de las entidades de la administración
pública, de asignar entre el 10% y el
20% dentro de los criterios de calificación
de las propuestas, a los proponentes que
oferten bienes o servicios nacionales. Para
los bienes o servicios extranjeros que incorporen
componente colombiano, el puntaje
asignado debe estar entre el 5% y el 15%.
La única excepción prevista en la ley para
la asignación de los puntajes mencionados,
son las empresas de servicios públicos
domiciliarios.
Nuestra propuesta es ajustar la Ley 816 de
2003 para fomentar los encadenamientos
entre proponentes nacionales y empresas
proveedoras de los bienes o servicios nacionales
que sean necesarios para el cumplimiento
del contrato. Actualmente, los
puntajes adicionales solo se diferencian en
función del oferente, y no se contempla el
origen de los bienes o servicios, cuando los
proponentes cumplen el criterio subjetivo
de la nacionalidad. Por ello, es importante
incentivar a aquellos proponentes nacionales
para que ofrezcan incorporar bienes
o servicios nacionales en el desarrollo del
contrato.
3. Desarrollar mecanismos que permitan
ejercer un control real sobre la aplicación
de la ley 816 de 2003 por parte de todas las
entidades obligadas a ello. Los mecanismos
de control deberán incluir también la
verificación sobre el cumplimiento de las
condiciones ofrecidas que dieron lugar al
otorgamiento de los puntajes adicionales,
respecto del proponente seleccionado.
4. Replicar la experiencia de la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI en compras
nacionales. Desde diciembre de 2014,
(segunda ola de concesiones) la ANI otorga
un puntaje adicional a aquellos conce-