Estrategia para una nueva industrialización
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Con el Decreto 2010 de 1994 se constituyó el Consejo<br />
Nacional de Competitividad, como eje del<br />
esquema institucional desde donde se coordinaba<br />
y se abrían los espacios <strong>para</strong> la interlocución<br />
de actores del sector empresarial, laboral, académico<br />
y gubernamental, con el objetivo principal<br />
de buscar alternativas que le permitan al país ser<br />
más competitivo. Algunos de los temas abordados<br />
estaban relacionados con factores estratégicos<br />
como la innovación y el capital humano.<br />
Adicionalmente, se propuso la <strong>Estrategia</strong><br />
de Infraestructura <strong>para</strong> la Competitividad,<br />
atacando uno de los persistentes y más<br />
grandes problemas transversales que afectaban<br />
al sector productivo. Con ello también<br />
se buscaba el respaldo de la empresa privada<br />
<strong>para</strong> la financiación y estructuración<br />
de los grandes proyectos, permitiendo <strong>una</strong><br />
mejor asignación de los riesgos (Martínez &<br />
Ocampo, 2011).<br />
El Plan Estratégico Exportador sería la directriz<br />
bajo la cual se coordinarían los esfuerzos alrededor<br />
de la competitividad. Entre sus principales<br />
ejes se establecieron el aumento y la diversificación<br />
de la oferta exportable, los incentivos<br />
a la inversión extranjera directa, la regionalización<br />
de la oferta exportable y la promoción de<br />
<strong>una</strong> <strong>nueva</strong> cultura exportadora <strong>para</strong> el empresariado<br />
Colombiano.<br />
Finalmente, con un estudio de la “Misión de<br />
Sabios” se concluyó que el primer obstáculo<br />
a superar en materia de competitividad era el<br />
bajo nivel de la educación superior, así como<br />
el bajo presupuesto <strong>para</strong> la investigación y el<br />
desarrollo. Este informe hizo también énfasis<br />
en la necesidad de procesos y seguimiento a la<br />
calidad y la pertinencia de la estrategia educativa<br />
del país.<br />
La Política Nacional de Ciencia y Tecnología,<br />
que comenzó a operar con el Documento<br />
Conpes 2739 de 1994, propuso un estudio de la<br />
coyuntura del sector con miras a identificar los<br />
factores limitantes de la innovación. A partir de<br />
ello se propusieron fuentes de financiación, seguimiento<br />
y evaluación, orientadas a apoyar la<br />
política de competitividad.<br />
La Política de Reconversión y Modernización<br />
Industrial se convirtió en <strong>una</strong> de las primeras<br />
iniciativas que contó con la intervención directa<br />
del sector privado, y a partir de esta se<br />
establecieron diferentes canales de apoyo y<br />
financiamiento <strong>para</strong> el rediseño, la evaluación<br />
y la promoción de la productividad del capital.<br />
Paralelamente, se diseñó la Política de Modernización<br />
Agropecuaria, bajo la cual se duplicó<br />
el presupuesto del sector rural durante la administración<br />
Samper.<br />
A pesar de que este conjunto de iniciativas se<br />
constituyó como la primera propuesta integral<br />
de un sistema de competitividad, la compleja<br />
coyuntura política durante la administración<br />
Samper impidió su adecuada implementación<br />
durante el mandato, lo que concluyó con el cierre<br />
del Consejo Nacional de Competitividad por<br />
medio del Decreto 2222 de 1998 y déficits importantes<br />
en ejecución y resultados (Meléndez<br />
& Perry, 2010). Los programas descritos se resumen<br />
en el Recuadro 2.<br />
Andrés Pastrana Arango<br />
Durante la administración de Andrés Pastrana<br />
(1998-2002) se plantearon dos estrategias<br />
complementarias, que tomaban elementos de<br />
la estructura institucional propuesta durante la<br />
presidencia de Samper y formulaban un enfoque<br />
basado en políticas de asociatividad.<br />
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