Manufactura y cambio estructural: aportes para pensar la política industrial en la Argentina

72 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
estén los propietarios de recursos naturales con el resto de las actividades
comerciales y productivas, mayor será su poder de veto sobre estas políticas
(Hirschman, 1977). Hacia fines de 2010 ocurrió en la Argentina una situación
que ilustra este tipo de ejemplo: la oposición de los propietarios de tierra y
sus socios de las cadenas agroindustriales al establecimiento de un tipo de
cambio diferenciado y móvil mediante derechos de exportación para los
productos básicos agrícolas.
Sin duda, es posible relajar estos límites con coaliciones de intereses
por medio de compensaciones, tal como lo hicieron los Estados Unidos tras el
triunfo del norte industrial en la guerra civil, a partir del reparto de tierras y la
instauración de una agresiva legislación de defensa de la competencia (antitrust)
que buscaba compensar los efectos de la concentración de la industria 11 .
En un contexto sociohistórico en el que los procesos de concentración y
centralización del capital explican la emergencia de los grupos de empresas
(holdings) como forma de organización predominante en la industria, es difícil
establecer coaliciones entre intereses diferenciados de capitales industriales,
agrícolas y financieros (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986). En este sentido,
el éxito de una acción de política industrial será diferente según el tipo de
problema que justifica su implementación, ya sea que se trate de respuestas
a urgencias o se enmarque en una estrategia de desarrollo respaldada por
factores de poder internos o externos (Hirschman, 1984).
En segundo lugar, pese a los problemas de implementación que plantea
la economía política, la política industrial requiere de la interacción con
los empresarios. Distintas experiencias reflejadas en estudios de caso y en
modelos econométricos convalidan la opinión de que el éxito de las políticas
industriales y tecnológicas se encuentra asociado al diálogo continuo y a
la interacción con el sector privado. Esta recomendación es incongruente
con los temores de captura por parte del sector privado y la posibilidad de
conductas de búsqueda de renta cuando existe una estrecha cercanía entre
el Estado y los capitalistas.
De forma paradójica, estas cuestiones no fueron tratadas en la literatura
donde se analizaron las experiencias de industrialización de la posguerra.
Esto remite a la incapacidad de analizar al Estado. En estos trabajos, o bien el
Estado no es considerado una institución o, si lo es, su análisis se circunscribe
a una perspectiva normativa (Krueger, 1974 y 1990). Esta visión parte de la idea
de que los límites de los procesos de industrialización en América Latina se
encontraban asociados a un exceso de intervencionismo, pero no se estudia
la estructura del Estado como una institución determinada históricamente.
11
Ciertos autores de la región que han profundizado en las cuestiones de planificación del desarrollo
han sistematizado estos temas desde una perspectiva analítica y han desarrollado métodos para
identificar las posibilidades de alianzas y compensaciones frente a medidas que afectan intereses
(Calcagno, 1962).