¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad

130 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
socioeconómicas, étnicas ni etarias. Esta concepción de las ciudades potencia
la segregación espacial, lo que se tradujo en un mal uso de los recursos físicos,
económicos y del tiempo de las personas; es decir, ha generado un modelo
urbano insostenible (Montaner y Muxí, 2011). La incorporación del análisis
del uso del tiempo en la planeación urbana permite construir ciudades que
tomen en cuenta las necesidades de todas las personas que en ellas habitan
y así propiciar la disminución de la desigualdad y un goce de derechos más
equitativo entre mujeres y hombres.
1. Desigualdad espacial y de acceso a servicios
De acuerdo con la Nueva Agenda Urbana, la organización espacial, la
accesibilidad y el diseño de los espacios urbanos, así como la infraestructura
y la prestación de servicios básicos, junto con las políticas de desarrollo,
pueden promover u obstaculizar la cohesión social, la igualdad y la inclusión
(ONU-Hábitat, 2016). Para contar con ciudades inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles se requiere que los servicios públicos estén distribuidos
adecuadamente y satisfagan las necesidades específicas de las mujeres
(CEPAL, 2017a). En particular, la planificación territorial debe garantizar que la
infraestructura y los servicios urbanos —incluidos el agua y el saneamiento,
la vivienda, la energía, la educación, la atención sanitaria y las tecnologías
de la comunicación— sean sensibles a las necesidades, los derechos y la
seguridad de las mujeres y las niñas.
Las desigualdades en las ciudades se manifiestan en la concentración
de los ingresos, los recursos y las oportunidades en algunos grupos de la
población, pero también en términos de la segregación espacial. En las ciudades
latinoamericanas, la segregación espacial se relaciona con una diferencia
en el acceso a los servicios y en su calidad. De este modo, los tugurios o
asentamientos humanos precarios son tanto una manifestación física y
espacial de la desigualdad, como un factor reproductor de este fenómeno,
que impone restricciones a la calidad de vida y a las potencialidades laborales
(ONU-Hábitat/CAF, 2014).
La proporción de personas que viven en condiciones de tugurio en
las zonas urbanas de América Latina y el Caribe se ha reducido del 33,7%
en 1990 al 21,1% en 2014 (ONU-Hábitat, 2016). Pese a este marcado descenso,
uno de cada cinco habitantes de las zonas urbanas aún vive con carencias
habitacionales, tiene un menor acceso a los sistemas de transporte y soporta
deficiencias en la dotación de servicios de infraestructura básica o carencias
de servicios y otros bienes públicos. Esto tiene serias consecuencias en la
distribución del tiempo de las personas, ya que impone un mayor tiempo
para acceder a los lugares de trabajo y recarga el tiempo dedicado al trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado para compensar la falta de servicios
públicos de calidad. Como se ve en el gráfico IV.3, las condiciones de