¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad

332 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
discapacidad, adultas mayores, o directamente desde quienes son cuidadores
y cuidadoras, o son receptores de cuidado” (Salvador, 2015, pág. 59). Esto
implica que los adolescentes con discapacidad enfrentan circunstancias de
mayor vulnerabilidad.
Según los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Personas
con Discapacidad (ENPCD) (DIGESTYC, 2016), el 6,36% de los habitantes de El
Salvador tiene alguna discapacidad. De este total, 222.595 son mujeres (54%)
y 188.203 son hombres (46%). Los resultados de la ENPCD indican que entre
la población con discapacidad a nivel nacional que no estudia debido a los
quehaceres domésticos, las mujeres representan el 5,2% y los hombres el 0,1%.
A nivel del municipio de San Salvador solo se encuentran desagregados
los datos de personas con discapacidad en el Censo 2007 (DIGESTYC, 2007),
que registró, para ese año, un total de 13.625 personas con discapacidad
(6.242 hombres y 7.383 mujeres). Esto convierte a San Salvador en uno de
los pocos municipios donde el número de mujeres con discapacidad supera
al número de hombres.
3. Los cuidados de las personas adultas mayores
En 2002 se aprobó la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. Esta
ley, dirigida a toda persona que ha cumplido 60 años, se propone “garantizar
y asegurar una atención integral para la protección de las personas adultas
mayores y contribuir al fortalecimiento e integración de la familia” (Asamblea
Legislativa, 2002, pág. 2). A diferencia de las legislaciones mencionadas
anteriormente, esta ley no reconoce el principio de corresponsabilidad, ya que
define a la familia como la instancia que tiene la responsabilidad primaria
de la atención y el cuidado de las personas adultas mayores (artículo 3). La
responsabilidad del Estado es de carácter subsidiario, brindando apoyo a
las familias. En el artículo 4 de la Ley se establece que, a falta de una familia
para las personas mayores, el Estado garantizará su atención mediante la
coordinación y el apoyo a otro tipo de instancias públicas y privadas, y a
instituciones no gubernamentales dedicadas al cuidado y la atención de las
personas adultas mayores.
La Ley establece la creación del Consejo Nacional de Atención Integral
a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM), que hasta 2009
estuvo coordinado por la Secretaría Nacional de la Familia y actualmente
es coordinado por la Secretaría de Inclusión Social (SIS), que realiza un
registro de centros de atención a las personas adultas mayores. La mayoría
de estos centros son establecimientos de carácter privado que ofrecen
servicios comerciales, instituciones religiosas y entidades sin fines de lucro.
A partir de la gestión de gobierno 2009-2014, y en el marco del Sistema de
Protección Social Universal (SPSU), desde la SIS se han impulsado diversas
iniciativas para el desarrollo de un programa de atención específico para las