¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad

¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad 315
los servicios públicos y la infraestructura existente, las características de los
entornos urbanos, los medios y las alternativas de movilidad, entre otros
elementos, marcan las circunstancias por las que transcurre la vida cotidiana,
por lo que no puede hablarse de un urbanismo neutro en términos de género.
Vincular la mirada a las políticas urbanas, específicamente aquellas
enfocadas en favorecer la autonomía económica de las mujeres y las relacionadas
con los servicios de apoyo a los cuidados, requiere analizar la estructura de
municipios, barrios y conjuntos de viviendas. Tradicionalmente, los estudios
sobre la situación de las mujeres han estado alejados de los estudios sobre el
desarrollo urbano. En las últimas dos décadas, no obstante, se han abierto
paso en América Latina diversos abordajes que han propugnado la inclusión
de la dimensión de género en la planificación urbana, especialmente en
aspectos referidos a la prevención y atención de las situaciones de violencia.
Un aspecto que no se puede dejar de señalar en el análisis es el
impacto de las políticas públicas y de los factores socioeconómicos del ámbito
nacional en la planificación y el desarrollo de los municipios, potenciando
o inhibiendo cambios, en un sentido determinado, sobre la calidad de vida
de los habitantes de la ciudad. En el caso particular de la ciudad de San
Salvador, es importante señalar los efectos de las políticas fiscales, el modelo
económico de desarrollo y la seguridad ciudadana.
Las políticas económicas aplicadas en El Salvador, especialmente
entre 1989 y 2002, supusieron la privatización de algunos activos y servicios
que proveía el Estado, como el puerto, el aeropuerto, la compañía de
telecomunicaciones, el servicio de distribución de energía eléctrica, la banca,
el sistema de pensiones, los ingenios azucareros y los servicios de exportación
de café y azúcar. Estos dejaron de ser considerados como servicios públicos
del Estado y se transformaron en servicios de acceso individual a través del
mercado. Estas medidas han tenido un fuerte impacto en la prestación de
servicios públicos, que no pueden ser suplidos por los gobiernos municipales.
En forma paralela, se ha establecido una legislación que, con el objeto de
facilitar la inversión privada, ha dejado de garantizar derechos laborales
que generaban estabilidad a los trabajadores, por lo que muchos de los
nuevos empleos precarizan las condiciones laborales mediante contratos
temporales que se renuevan, pero no generan estabilidad, la prohibición de
la sindicalización o las malas condiciones de seguridad e higiene laboral.
El Salvador tiene una política fiscal regresiva y carece de impuesto
sobre la propiedad inmueble o impuesto predial, el cual podría ser un ingreso
estable y predecible para los gobiernos locales que actualmente dependen
de los impuestos a la actividad económica que se realiza en su municipio
y al cobro de tasas por servicios, lo que no garantiza la disponibilidad de
recursos financieros para inversión en servicios públicos. Ante esta situación,
el Gobierno Central realiza transferencias a los gobiernos municipales a través