¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad

192 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
décadas, las administraciones de gobiernos progresistas han logrado que en
la Ciudad de México se colocaran los derechos humanos en el centro, como se
expresa en el proceso de debate y aprobación de la Constitución Política de la
Ciudad de México, donde se dispone que: “la dignidad humana es principio
rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona
la libertad y la igualdad de derechos. La protección de los derechos humanos es
el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el
respeto y la garantía a éstos” (Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 2017).
En este contexto de cambios, se avanza en la promoción de los derechos
humanos laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la ciudad, y en el
diseño e implementación de las políticas públicas locales en materia de trabajo
se toma en cuenta la creciente e irreversible incorporación de las mujeres al
mercado laboral, así como la necesidad de modificar la división sexual del
trabajo, que es causa estructural de la desigualdad de género. En la Ciudad
de México, al igual que en otras ciudades de la región, la discriminación
económica contra las mujeres se manifiesta en desigualdad salarial respecto
de los hombres, segregación ocupacional y concentración de mano de obra
femenina en el sector informal, lo que se traduce, entre otras cosas, en un
restringido acceso a la seguridad social.
A nivel nacional, los datos que se presentan a continuación muestran
diversas desigualdades entre hombres y mujeres. De acuerdo con datos del
tercer trimestre de 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el país hay 19,9 millones de mujeres ocupadas de 15 años y más.
La mayoría —8 de cada 10 (78,7%)— están ocupadas en el sector terciario
de la economía, principalmente como comerciantes (33,1%), en servicios
diversos (19,3%), en servicios sociales (16,8%) y en restaurantes y servicios
de alojamiento (14,3%). Del total de mujeres ocupadas, el 17,1% se emplea en
el sector secundario y solo el 3,8% trabaja en el sector primario (agricultura,
ganadería, silvicultura, caza y pesca). De las mujeres ocupadas en el país, el
23% trabaja por cuenta propia, el 2,3% son empleadoras y el 7,5 % no recibe
remuneración por su trabajo. Dos de cada tres mujeres ocupadas (66,9%)
son subordinadas y remuneradas, y de ellas, el 37,7% no cuenta con acceso
a servicios de salud como prestación laboral, el 41,9% trabaja sin tener un
contrato escrito, más de la tercera parte (33,8%) no cuenta con prestaciones
laborales, solo una de cada dos trabajadoras subordinadas (55,2%) goza de
vacaciones pagadas, el 62,6% recibe aguinaldo y el 16,9% accede al reparto de
utilidades. Respecto de la duración de la jornada laboral, más de la tercera
parte (37,1%) de las mujeres de 15 años y más ocupadas cumple jornadas
semanales de entre 40 y 48 horas, el 19,2% tiene una jornada de más de 48
horas por semana, el 29,1% trabaja de 15 a 39 horas semanales y el 14,2%
trabaja menos de 15 horas por semana (INEGI, 2017). La brecha salarial se
estima en un 23%, en promedio, lo que implica que las mujeres ganan un 77%
de lo que perciben los hombres.