¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad

328 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y calidad de los cuidados presentan diferencias sustanciales, determinadas
por factores socioeconómicos de las familias usuarias. Asimismo, existen
normas, políticas y programas que, si bien no se formularon en el marco de
políticas de cuidado, coadyuvan en algunos sentidos. Por ejemplo, las licencias
por maternidad y paternidad concedidas en el momento del nacimiento de
un niño o una niña, y el tiempo de una hora diaria para lactancia materna
en el caso de mujeres con empleo formal, que son considerados derechos
laborales, inciden en los cuidados en la primera infancia (0 a 6 años).
1. Los cuidados de la población infantil
La demanda de cuidados de la población infantil varía de acuerdo con la
edad. Según los Fundamentos curriculares para la primera infancia (MINED,
2013), se considera que esta etapa abarca desde el nacimiento hasta los 6 años
y 11 meses. No obstante, desde la perspectiva y necesidad de cuidados, la
primera etapa (0 a 3 años) requiere de más tiempo. Salvo contadas excepciones,
como los ocho Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que impulsa la Alcaldía
Municipal de San Salvador, en la ciudad solo existen servicios de cuidado
privados para este tramo de edad 6 . En el caso de los niños y niñas de 4 años
en adelante, el sistema educativo empieza a cumplir un rol fundamental y los
cuidados en el hogar se combinan con la asistencia al centro de enseñanza.
Sin embargo, “la extensión de la jornada escolar condiciona los tiempos
necesarios para el cuidado. Por ello, se analizan los cuidados en la primera
infancia (0 a 6 años) y en la niñez (7 a 11 años) considerando la oferta educativa
y la asistencia escolar” (Salvador, 2015).
La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA),
aprobada en abril de 2009 (Asamblea Legislativa, 2009), constituye el marco
normativo de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al
establecer el derecho a recibir cuidados, bajo el principio de corresponsabilidad
para la garantía de derechos de cuidados, señalando las responsabilidades
de las familias, el Estado y la sociedad, pero delimitando claramente que,
en última instancia, “el Estado tiene la obligación indeclinable e ineludible
mediante políticas, planes, programas y acciones de crear las condiciones para
que la familia pueda desempeñar su rol de manera adecuada” (Asamblea
Legislativa, 2009, pág. 7).
Esta Ley ha dado paso a la creación del Sistema Nacional de Protección
Integral de la Niñez y de la Adolescencia, que se define como “el conjunto
coordinado de órganos, entidades o instituciones, públicas y privadas, cuyas
políticas, planes y programas tienen como objetivo primordial garantizar el
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Según la entrevista realizada a Karen Priscila de Quintanilla (Secretaría de la Mujer) en el marco
de este estudio, estos Centros están vinculados a siete mercados y una terminal de autobuses,
que atienden a un estimado de 400 niñas y niños.